La Junta revisará medio millar de talleres para comprobar si cumplen las normas de protección al consumidor

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, anunció la puesta en marcha de una campaña de inspecciones en 500 talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, a fin de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa que garantiza los derechos y la protección de los consumidores del sector.

En un comunicado, la consejería informó de que los inspectores de Consumo realizarán los controles entre "la época estival" y el mes de diciembre, al tiempo que recordó que esta iniciativa, de periodicidad anual, arrojó en los últimos cuatro años "datos que demuestran un descenso paulatino de las infracciones y un mayor cumplimiento de las normas de protección al usuario", ya que "se ha pasado de que dos de cada tres talleres cometiese incumplimientos en 2004, a que lo hiciese sólo uno de cada cinco el año pasado".

Por provincias, en Almería se llevarán a cabo 45 visitas, mientras que en Cádiz serán 70 y en Córdoba 55. En Granada se realizarán en un total de 70 establecimientos, mientras que en Huelva serán en 45. En Jaén se controlarán 55 establecimientos, mientras que en Málaga y Sevilla serán 80 en cada caso.

Los inspectores comprobarán en el transcurso de esta actuación que los talleres cuentan con libros de reclamaciones de la Junta y expiden el correspondiente resguardo de depósito, puesto que, precisamente no entregarlo es una de las infracciones más usuales. De hecho, en 2008, un quince por ciento de los locales visitados incumplía con esta norma.

Además, se exigirá la exhibición al público, en un lugar visible, "al menos en castellano y en un tamaño de letra no inferior a 7 milímetros", los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos, incluyenfo en ellos los impuestos, cargas o gravámenes, debidamente desglosados.

RECORDATORIOS A LOS USUARIOS

La consejería señaló que en torno a un doce por ciento de las infracciones se cometen en la elaboración y pago de presupuestos, por lo que recordó que "los usuarios tienen la posibilidad de acceder a uno de manera gratuita y con una validez mínima de doce días, siempre que, a continuación, se proceda, con su consentimiento, a la reparación del vehículo".

Del mismo modo indicó que "el taller podrá cobrarlo si el plazo se excede y puede demostrarlo con la fecha del encargo en el resguardo del depósito de trabajo". Además, en caso de que el usuario no quiera que se le elabore, "debe hacerlo constar en un documento específico".

Por otro lado, los inspectores vigilarán que no se incluyan en resguardos, presupuestos, facturas o cualquier tipo de documentación, "cláusulas relativas a los derechos de los usuarios redactadas en un tamaño de letra inferior a 1,5 milímetros"

Igualmente, el establecimiento debe exponer de forma visible el horario de servicio al público, la garantía que ofrece en las reparaciones y la documentación acreditativa del precio de venta al público de las piezas de repuesto que se usen en las reparaciones.

Asimismo, en el caso de que el precio de la reparación o servicio vaya a resultar mayor que el indicado en el resguardo de depósito del vehículo, debe comunicarse dicha variación al cliente para que preste su conformidad. Del mismo modo, en reparaciones de una duración superior a una semana, cuando el establecimiento no pueda entregar el vehículo en el plazo fijado por razones ajenas, deberá comunicarlo al usuario con 48 horas de antelación.

Además, los inspectores tendrán en cuenta si el taller se pone en contacto con el usuario si han transcurrido cuatro horas sin que se haya localizado la avería, para que éste dé su conformidad por escrito para que se continúen con las operaciones necesarias para arreglar el automóvil.

Por último, la consejería indicó que durante las visitas se constatará "si los talleres disponen de licencia municipal y están inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía, así como si disponen de una placa o distintivo en la fachada que se ajusta a la actividad que desarrollan".

En caso de detectarse irregularidades en este tipo de aspectos, se dará traslado a las instituciones competentes, como el ayuntamiento respectivo o la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.