SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía realizará el próximo año una revisión de todos los programas de gasto para "priorizar aquellos que aporten más valor a la sociedad y favorezcan la igualdad de oportunidades, respetando los que afectan a los servicios públicos esenciales" y canalizará el apoyo a los sectores productivos "a través de fondos de naturaleza retornable, que aumentan el efecto multiplicador de los recursos públicos", con el objetivo de "consolidar la recuperación económica y asentar un nuevo modelo de crecimiento duradero y sostenible".
Así lo establece una orden dictada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, sobre las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2011, que apuesta por "favorecer la inversión en infraestructuras en colaboración con el sector privado para maximizar el efecto de los recursos públicos sobre la economía".
Dicha orden, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y recogida por Europa Press, expresa el compromiso de la Junta con los objetivos de déficit del Ejecutivo central para 2013 y recuerda que la administración andaluza "ha suscrito la iniciativa del Gobierno de España de coordinar el proceso de consolidación fiscal que deben llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas, mediante un acuerdo marco que supondrá la puesta en marcha de un plan de reestructuración dentro de las cuentas públicas tanto nacionales como autonómicas".
LA EDUCACIÓN, PRIMERA PRIORIDAD
Como principales prioridades, el Gobierno andaluz señala en primer lugar el "impulso a la educación por su carácter inversor de primer orden y como factor primordial del crecimiento a largo plazo, así como por sus efectos sobre la mejora de la competitividad y el avance en la igualdad de oportunidades".
Junto a ello, la Junta apuesta por "continuar con el apoyo a los sectores productivos para consolidar la recuperación económica y asentar un nuevo modelo de crecimiento duradero y sostenible", así como por "mantener las prestaciones y servicios públicos fundamentales, en particular, servicios sociales y sanitarios, para paliar las consecuencias de la crisis y como inversión que contribuye decisivamente a incrementar la productividad y a la generación del empleo".
Otros criterios fijados por Martínez Aguayo con vistas al próximo presupuesto pasan por "propiciar las actuaciones en el marco de las políticas activas de empleo para luchar contra el desempleo" o "aumentar el apoyo financiero a las corporaciones locales para multiplicar el efecto de la política fiscal al servicio del crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos".
También aboga por "centrar el esfuerzo inversor en las infraestructuras productivas que maximicen sus efectos sobre la competitividad del tejido económico andaluz a medio y largo plazo, contribuyendo a la creación de empleo y a la mejora de la eficiencia energética y a la sostenibilidad ambiental", así como por "atender en el diseño y aplicación de las diferentes políticas presupuestarias a la promoción de la igualdad de oportunidades, en especial, entre hombres y mujeres".
"IMPEDIR CONDUCTAS INSOLIDARIAS" EN MATERIA FISCAL
Al margen de la descripción de la situación económica general, la orden detalla criterios y orientaciones para la elaboración del próximo Presupuesto como la apuesta por "optimizar la gestión de los ingresos y reforzar la lucha contra el fraude fiscal, con objeto de impedir conductas insolidarias y mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria".
Junto a ello, la Junta defiende la aplicación de los compromisos asumidos en materia de contención del déficit, "para lo que será imprescindible rentabilizar al máximo los recursos disponibles, mejorando en todo lo posible la eficiencia y la eficacia del gasto público", así como "la colaboración con el sector privado en la realización de inversiones con el fin de maximizar el alcance de los proyectos públicos".
Por último, la orden subraya también la necesidad de "revisar el contenido de los programas presupuestarios en un contexto de máxima austeridad con objeto de priorizar aquéllos que atañen a servicios públicos fundamentales o que aportan más valor a los objetivos de recuperación económica, reducción del desempleo, incremento de la competitividad e igualdad de oportunidades".
