SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y la Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha considerado este jueves que el Gobierno del PP, "aunque esté en funciones", debería decir ya "con absoluta claridad" que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es "inaplicable", y ello después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida la pasada semana que estima parcialmente el recurso presentado por la Junta contra dicha norma al considerar que invade competencias de las comunidades autónomas.
Al responder a una pregunta del PSOE-A sobre esta sentencia en el Pleno del Parlamento, Jiménez Barrios ha aseverado que esta ley "cada día es menos ley", y ha valorado que el tribunal "de nuevo le da la razón a la Junta en una decisión que atacaba muy de frente el principio de legitimidad democrática de los representantes de los ayuntamientos, dando facultades a que si el Pleno no aprueba un presupuesto lo puede hacer la comisión de gobierno de un Ayuntamiento".
"Imagínese que la Junta hiciera una ley que dijera que si el Parlamento no puede aprobar el Presupuesto lo pudiese aprobar el Consejo de Gobierno", ha comentado al respecto Jiménez Barrios, para insistir en criticar lo que considera un "ataque frontal a la legitimidad ciudadana, al voto, al mandato y a la pluralidad democrática".
El vicepresidente ha subrayado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "ya viene siendo permanentemente rectificada y anulada parcialmente", y ha advertido de que "en estos momentos ha generado una gran incertidumbre en la administración local", de modo que "un secretario, un interventor o un tesorero de un ayuntamiento", a la hora de interpretar dicha legislación, "ahora tiene que utilizar cinco o seis sentencias, y las que te rondaré".
Jiménez Barrios se ha preguntado entonces "quién va a darle seguridad y garantía hoy a la administración local", y ha incidido en que "el mayor ataque que se ha producido a la legitimidad de la administración local y a la ciudadanía a la hora de depositar el voto es una ley que el PP debería ya, por vergüenza y aunque esté en funciones, y ahora un poco henchido tras la victoria" electoral del 26 de junio, "decir con absoluta claridad que es una ley inaplicable".
"Hasta el propio secretario de Estado ha tenido que, mediante solo un oficio, decir que quedaba sin efecto", ha abundado el vicepresidente de la Junta, para añadir que "ya está tardando en salir a decir que no se puede aplicar una ley que ha caído a trozos porque atacaba de frente el principio de la autonomía municipal".
Por su parte, la parlamentaria socialista Ángeles Férriz, al formular su pregunta a Jiménez Barrios, ha subrayado que la conocida la pasada semana es "la segunda sentencia en este sentido", y ha destacado que la Junta de Andalucía fue "el primer gobierno autonómico en interponer recurso contra" la reforma local, si bien luego han seguido sus pasos otras comunidades autónomas y hasta "3.000 ayuntamientos de todos los rincones", según ha remarcado.
Es por tanto, según ha enfatizado Férriz, el "segundo varapalo que le da el TC a esta ley", algo de lo que "se felicita" el PSOE-A, según ha remarcado la citada diputada, que ha criticado que la reforma local vino "impuesta por el Gobierno de Rajoy" y suponía la "mayor agresión de un Gobierno de España contra sus ayuntamientos", al pretender "vaciar de contenido los pequeños y medianos" consistorios, "abriendo la puerta a la privatización o desaparición de servicios municipales".
Cabe recordar que la referida sentencia declara contraria al principio democrático la previsión de la ley impugnada que, en determinadas circunstancias, permitía atribuir a la Junta de Gobierno Local, en lugar de al pleno, la toma de decisiones sobre asuntos relevantes para la vida municipal como son los presupuestos, los planes económico-financieros, los de reequilibrio y ajuste o los planes de saneamiento, entre otros, que son propias de aquél.
El TC considera que la regulación contenida en la ley impugnada "ha impuesto un sacrificio a un principio medular, definitorio de la propia autonomía local" y "constitucionalmente proclamado como valor superior del ordenamiento jurídico".
