De Llera y PP se acusan falsear la realidad de la Justicia entre reproches de mala gestión e intereses partidistas

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el portavoz del PP Juan Ramón Ferreira han intervenido este jueves en el pleno del Parlamento en una interpelación del Grupo Popular sobre la política general en materia de Justicia en la que se han acusado mutuamente de intentar dibujar una realidad de la Justicia en Andalucía "falsa" y de trabajar por intereses partidistas. El consejero ha defendido que Andalucía es una de las comunidades más avanzadas en la tramitación digital, mientras que el parlamentario 'popular' le ha acusado de "mala gestión".

En sus intervenciones, De Llera ha explicado que su departamento prevé aprobar la Oficina Judicial y Fiscal durante el presente año en El Ejido, Vélez-Málaga y la Fiscalía de Sevilla, sedes que funcionan en la actualidad como proyectos piloto; y ha defendido que Andalucía es una de las comunidades más avanzadas en la tramitación digital de los procedimientos, con todos los órganos judiciales y oficinas de registro y reparto integrados en Lexnet y el 92 por ciento de los órganos judiciales utilizando la firma electrónica.

En lo relativo al personal, ha subrayado que la plantilla se mantiene cubierta al 100 por cien, que tiene un alto grado estabilidad, un porcentaje de interinidad del 9 por ciento --"uno de los más bajos del Estado"-- o que se ha realizado un "verdadero esfuerzo" para llegar a 184 interinos de refuerzo, 46 más que hasta ahora.

En esa misma línea, ha indicado que hay 8.001 empleados, frente a los 7.972 de hace cuatro años y que el Gobierno andaluz mantiene un fuerte compromiso con los empleados públicos, frente al del Ejecutivo central, que "eliminó de facto mil quinientos jueces que reforzaban los juzgados cubriendo las vacantes, las bajas por maternidad y demás contingencias comunes de los jueces de Carrera, suponiendo estos el 20 por ciento de la plantilla judicial".

Asimismo, ha recordado que la planta judicial en Andalucía a uno 1 de enero de 2016 asciende a 922 jueces, lo que supone una ratio de 10,5 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional, situada en un 11,1.

Con respecto a los medios materiales, ha defendido que su departamento se ha centrado en "renovar y consolidar" las infraestructuras judiciales existentes, además de tener en marcha la Ciudad de la Justicia de Córdoba y ha explicado que se ha renovado la totalidad de los equipamientos informáticos, instalando 8.400 ordenadores nuevos, 2.700 impresoras y 302 equipos de videoconferencia, entre otros. Asimismo, ha recordado que se han realizado obras de reforma y mantenimiento en 45 sedes, mientras que están previstas otras en La Caleta (Granada) y el nuevo depósito judicial que atienda necesidades de Málaga y Campo de Gibraltar.

De Llera también se ha referido a la labor en la implantación de la firma electrónica, el documento judicial electrónico o la puesta en marcha del visor de expedientes, aplicación está última que se está adaptando a las salas de vistas. Actualmente, Andalucía cuenta con 109 salas con portátiles conectados a las pantallas de las videoconferencias para visualizar los documentos durante el juicio. A final de julio, se dotará al resto de salas hasta alcanzar las 435 salas. Además, está prevista, para noviembre, la implantación de la Sede Judicial Electrónica, ha detallado.

"El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería se ha constituido en el primer ejemplo de juzgado sin papeles, con la totalidad de los expedientes judiciales digitalizados", ha dicho el consejero que ha recordado que "para todas las actuaciones tecnológicas en materia de Justicia contaremos con 30 millones de euros de financiación procedente de fondos europeos del presente marco".

En relación con las sedes judiciales, De Llera ha informado de que "la revisión a la baja de los contratos de arrendamiento que hemos aplicado en los últimos años, junto a la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad han dado como resultado un ahorro de más de cinco millones de euros en rentas".

En su diagnóstico de la situación actual, el consejero también ha aludido a la "altísima litigiosidad" en la región, "la más alta del Estado", con 209,4 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 179,7 de media nacional; mientras que la tasa de resolución alcanza el 1,02 por ciento, lo que supone que se resuelven más asuntos que los que ingresan, lo que "pone de manifiesto el trabajo y esfuerzo de jueces, fiscales y funcionarios.

Así las cosas, ha aseverado que le gustaría disponer de más presupuesto para tener menos problemas puntuales y ciudades de la justicia "por doquier" pero ha añadido que "la realidad es la que es" y que, muchas veces, esta está condicionada por las "decisiones del PP, que lleva recortando y recortando desde 2011". "No me corte el agua y luego me pida que riegue", ha reclamado a los 'populares'.

De Llera ha aprovechado la interpelación 'popular' para defender que lo "útil" sería abrir un debate para "sentar las bases para esa otra Justicia que los ciudadanos demandan y a la que tienen derecho" pero ha advertido de que, para ello, es "elemento esencial" que el PP "deje a un lado obediencia partidista y se comprometa con los andaluces".

COLAPSO JUDICIAL SEGÚN EL PP

Sin embargo, el diagnóstico que el portavoz del PP ha hecho de la situación de la administración de Justicia en Andalucía ha sido notablemente diferente y ha expuesto que en la región hay "colapso judicial", con 500.000 asuntos en trámite, señalamientos para 2018 y 2019 o plazos de cinco años para obtener una sentencia en lo contencioso administrativo.

En cuanto al capítulo de personal, ha mantenido que hay órganos con exceso de funcionarios y otros con plantilla escasa, retrasos en la cobertura de vacantes, ausencia de movilidad funcionarial, un alto número de interinos o falta de especialización y ha expuesto que es "más que necesario" que la Consejería haga una "reordenación de efectivos y una nueva relación de puestos de trabajo".

Con respecto a la nueva oficina judicial, Ferreira la considera un "monumento a la ineficacia y pasividad" ya que desde que se aprobó en enero de 2014 aún no se han puesto en marcha esas experiencias piloto, por lo que ha pedido al consejero que se deje de "impulsar" y que las ponga en funcionamiento de una vez por todas.

Sobre los límites que la administración andaluza tiene para la mejora de la Justicia, tampoco ha habido acuerdo entre ambos y el diputado 'popular' ha pedido al consejero que "no se escude en dificultades presupuestarias" porque muchas de las deficiencias "no son un problema principalmente presupuestario ni económico en su base, sino de "gestionar mejor y de un buen gobierno" que sepa "administrar mejor los recursos que ya existen".

La realidad que ha trazado ha llevado a Ferreira a mantener que "las cosas están como están porque (la Justicia) nunca ha sido una prioridad para este Gobierno", más centrado en "trabajar en la defensa de los intereses del PSOE que en la mejora de la gestión de la administración de Justicia. Así, ha señalado que "tras años perdidos de Gobierno", "apenas podemos mencionar avances de entidad" pero sí "un batacazo judicial en toda regla", con dos expresidentes y varios exconsejeros y excargos públicos "a la puerta del banquillo", en alusión al caso de los ERE.

Ferreira ha concluido su intervención señalado que la semana próxima su grupo llevará al próximo pleno una moción con un catálogo de propuestas para la ordenación plantillas, dotación de medios, implantación efectiva de la justicia digital y con un plan de infraestructuras, entre otras medidas.