Maeztu avala las "cautelas y medidas correctivas" en las obras de la antigua Venta Mascareta de Tomares (Sevilla)

TOMARES (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, valora en una de sus resoluciones "el proceder" del Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis Sanz, para "supervisar a la propiedad" de los terrenos donde se alza la antigua Venta Mascareta, una construcción del siglo XVII antaño usada como casa de postas en el Cordel de Villamanrique-Las Marismas, e implementar "medidas correctivas y de conservación" en las actuaciones promovidas en el enclave, "adecuando el proyecto a los trámites de la legislación a través de las cautelas que se han exigido".

En esta resolución fechada el pasado 10 de marzo y recogida por Europa Press, la institución de Maeztu da cuenta de sus actuaciones ante una queja de una entidad ciudadana por las obras promovidas con relación a la antigua Venta Mascareta de Tomares.

A tal efecto, desgrana que tras solicitar información a la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Tomares, la Delegación Territorial de Sevilla del mencionado departamento autonómico informó de que los terrenos donde se alzan los restos de dicha venta pertenecen "al cien por ciento a una sociedad privada que como titular, está obligada al deber de conservar, mantener y custodiar" el enclave, "de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores" merced a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Aunque a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura no le constaban "comunicaciones relativas al estado actual" del enclave al "no ser materia" de su competencia, indicaba que "el inmueble forma parte del catalogo del PGOU de Tomares", con lo que "en primera instancia corresponde al Ayuntamiento ordenar la ejecución de obras necesarias para conservar los edificios", así como "la información e inspección previa a la elaboración del correspondiente proyecto técnico".

LA LICENCIA OTORGADA

El Ayuntamiento, de su lado, respondió que las obras promovidas con relación a la antigua Venta Mascareta estaban siendo ejecutadas "conforme a la licencia otorgada", una autorización a su vez "ajustada a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana y, en concreto, a la ficha de catálogo de protección" de este inmueble.

Así, esgrimía el Ayuntamiento que respecto al inmueble en cuestión habían sido resueltos "todos los trámites previos relacionados con las cautelas y protecciones arqueológicas legalmente exigibles, adecuándose las obras autorizadas a las prescripciones de los informes arqueológicos y técnicos emitidos sobre el mismo".

Ante ello, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto que "los informes señalan que el ámbito de tutela" respecto al citado inmueble del siglo XVII "ha sido tenido en cuenta en relación a los proyectos de reforma que se han presentado, promovidos por la propiedad del bien, y recogidos en los términos que constan en la concesión de la correspondiente licencia".

Al respecto, la institución destaca "el proceder municipal para supervisar a la propiedad promotora la adopción de medidas correctivas y de conservación de los elementos del inmueble, adecuando el proyecto a los trámites que previene la legislación a través de las cautelas que se han exigido", considerando que "los procedimientos se han aplicado según la normativa, más allá de las valoraciones que puedan suscitar las decisiones adoptadas".