Archivo - Ejemplar de avispón oriental - IAS-CSIC CÓRDOBA - Archivo
SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) solicitará a la Junta de Andalucía, con carácter urgente, un protocolo ante la presencia de 'Vespa orientalis' (avispón oriental) en entornos urbanos, en el que se determine, al menos, el procedimiento para la comunicación y validación de avistamientos y nidos de este insecto --una especie exótica invasora-- en zonas residenciales y espacios de concurrencia pública, según vienen comunicando vecinos al Consistorio en las últimas fechas.
En ese escrito municipal, consultado por Europa Press, el Gobierno local pide a la Junta que incorpore a Mairena a ese listado de focos comunicados a los sistemas autonómicos de seguimiento, vigilancia y cartografía de especies exóticas invasoras. Además, se advierte de que el curso escolar está a punto de comenzar y que algunos de los nidos objeto de esos avisos "están a menos de 100 metros del perímetro de centros educativos".
En dicho protocolo debería constar, a juicio de este Ayuntamiento, los criterios para determinar la necesidad de intervención, la "clarificación de competencias" entre administraciones y titulares de propiedades privadas; procedimientos de actuación en viviendas, centros educativos, y las medidas de seguridad y metodologías técnicas recomendadas para la retirada o control de nidos, entre otros aspectos.
Mientras se establece dicho protocolo, el Ayuntamiento solicita que se valore la posibilidad de proporcionar "apoyo técnico y operativo de carácter excepcional" para aquellos focos cuya localización, proximidad a población o características específicas "determinen un riesgo significativo" para la seguridad de las personas y cuya atención "no pueda ser adecuadamente resuelta mediante los recursos municipales ordinarios".
Asimismo, el Ayuntamiento pide ser informado de las actuaciones, procedimientos y recursos autonómicos actualmente disponibles para la gestión y control de 'Vespa orientalis' en Andalucía, así como "sobre la Administración a la que deban dirigirse en adelante las incidencias que requieran valoración o intervención autonómica". Todo ello, con el objeto de garantizar una "respuesta coordinada y eficaz" ante la expansión de esta especie y evitar incertidumbre tanto para a ciudadanos afectados como a las administraciones públicas.
En ese escrito se destaca, además, que la presencia de este particular insecto "puede generar afecciones sobre la apicultura y otros sectores productivos", así como situaciones de riesgo para la población cuando los ejemplares o nidos se localizan en las proximidades de viviendas, centros educativos, espacios de uso público u otros lugares "de elevada concurrencia".
Para ello, esgrime, entre otros, el artículo 64 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el marco estatal para la prevención y control de las especies exóticas invasoras y contempla la participación de las comunidades autónomas en la elaboración y aplicación de las estrategias, planes y actuaciones de gestión y control.
Al respecto, otro artículo del Estatuto de Autonomía (57.1.f) atribuye a la Comunidad Autónoma "competencia exclusiva en materia de fauna y flora silvestres, en el marco de la regulación general del Estado y sin perjuicio de la facultad de establecer normas adicionales de protección".
DIFICULTAD DE INTERVENIR EN ESPACIOS PRIVADOS
El Consistorio alega que pese a la reciente inclusión de 'Vespa orientalis' en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y al incremento de avisos recibidos, "no ha localizado un protocolo autonómico específico que determine de manera clara y homogénea el procedimiento de actuación ante la localización de ejemplares o nidos de esta especie en entornos urbanos, especialmente cuando estos se encuentran en propiedades privadas".
Como consecuencia de ello, añade el escrito, "se dificulta la adecuada canalización de las comunicaciones ciudadanas y la determinación de la administración o entidad responsable de cada actuación". Asimismo, la utilización sistemática de recursos públicos municipales para intervenir en propiedades privadas "requiere disponer de la correspondiente cobertura jurídica, así como de criterios objetivos que permitan garantizar la igualdad de tratamiento entre las personas afectadas".
Por último, en línea con lo anterior, señala el Gobierno local que la ausencia de criterios comunes "puede generar respuestas heterogéneas ante situaciones similares y dificultar una adecuada estrategia de seguimiento y control de la expansión de la especie". En este sentido, la información trasladada por los vecinos afectados terminan siendo derivadas a los servicios municipales o a la Policía Local.