Málaga.-El Gobierno podría abrir el viernes el trámite de disolución del Ayuntamiento marbellí y pedir opinión al Senado

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno podría abrir el próximo viernes, en Consejo de Ministros, el proceso que conduzca a la disolución del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ante la situación en que se encuentra el consistorio por la investigación por corrupción. Según marca la ley, antes de tomar la decisión, deberá recibir la opinión favorable del Senado y un informe preceptivo de la Comisión Nacional de Administración Local.

La Junta de Andalucía estudiará mañana el estado en el que se encuentra el Ayuntamiento marbellí y probablemente solicitará al Gobierno que inicie los trámites de disolución del consistorio, lo que podría ocurrir en la sesión del Consejo de Ministros del viernes. Será la primera vez que se dé este supuesto en el país.

A partir de entonces, el Ejecutivo deberá recoger el informe del Senado, que puede ser adoptado en la Comisión General de Comunidades Autónomas y que deberá ser favorable a esta medida para que el Gobierno la apruebe. En el caso de la Comisión de Administración Local, que igualmente debe dar su opinión, la legislación no señala en qué sentido.

Así lo dicta la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, en el que se explica que el Consejo de Ministros puede disolver los órganos de una corporación local "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales".

Si con todos los informes en su mano y de nuevo mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno decide la disolución, se aplicará a partir de entonces la legislación electoral general y se abrirán dos posibilidades: convocar nuevas elecciones o que la Diputación Provincial o el órgano competente de la Comunidad Autónoma nombren una gestora que lleve al ayuntamiento hasta las próximas elecciones (en este caso, las previstas para el año próximo).

El propio ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, explicaba hoy que "es casi imposible" convocar elecciones porque no pueden celebrarse a menos de un año de una nueva cita electoral y ya hay una en mayo de 2007. "Habrá que esperarse hasta mayo del año que viene con una gestora si es que al final todos los trámites llevan a la disolución del ayuntamiento", recalcó. Sobre la posibilidad de forzar los plazos para resolver cuanto antes la situación de Marbella, respondió que "cada vez que la voluntad política intenta forzar la legalidad el resultado es malo siempre".