Málaga.- El PP llevará al Parlamento una Ley que desemboque en el Congreso reclamando la devolución de bienes a Marbella

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará en el Parlamento andaluz una proposición de Ley para que sea tomada en consideración y se pueda tramitar en el Congreso de los Diputados en la que reclama una modificación del Código Penal, como la vía "más fácil, rápida y efectiva", que posibilite la devolución a Marbella (Málaga) de todos aquellos bienes que fueron incautados como consecuencia de la operación contra la corrupción llevada a cabo en la ciudad.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, acompañado de la alcaldesa de Marbella, la 'popular' María Angeles Muñoz, manifestó en rueda de prensa que ya es hora de que exista un compromiso claro del Gobierno central y de la Junta con Marbella porque las únicas "víctimas" son los vecinos. Señaló que los populares tan sólo quieren con su iniciativa que los 3.000 millones que se "robaron" a la ciudad vuelvan al Ayuntamiento, mientras dijo que las administraciones central y andaluza se han ahorrado una "barbaridad" de dinero en los últimos años en inversiones en Marbella porque no "han hecho nada".

Así, el PP ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año en la que demanda al Gobierno una partida excepcional para Marbella de 600 millones, mientras que también planteará otra a los Presupuestos de la comunidad pidiendo a la Junta una partida de 300 millones, al margen de aquellas consignaciones que puedan aparecer en las diferentes áreas presupuestarias.

Por su parte, Muñoz manifestó que la iniciativa que el PP llevará al Parlamento andaluz, "pionera y excepcional", pretende hacer un "acto de justicia" con Marbella, a la que hay que devolver todo lo que se "robó de su patrimonio". "Ahora es el momento de que a través de un respaldo parlamentario se pueda dar salida a una justa reivindicación", señaló la alcaldesa, para quien hay que "hacerlo ya". Entre los bienes que fueron embargados como consecuencia de la operación contra la corrupción, además de los económicos, también se refirió a una serie de obras de artes que, a su juicio, podrían ser expuestas por la Consejería de Cultura para el disfrute de todos los ciudadanos.

Aparte de los 300 millones en los Presupuestos andaluces de 2008, el PP pedirá también a través de otra iniciativa en el Parlamento que la Junta paralice su proyecto de expropiar suelo rústico que pertenece a familias de bajos o medios recursos en una zona de Guadaiza, en San Pedro de Alcántara, ya que es un claro ejemplo de la "prepotencia" con la que la administración autonómica actúa en relación con Marbella.

Indicó que es una "barbaridad" que la Junta decida por decreto que haya expropiaciones en Guadaiza de suelo rústico para hacer una zona de patrimonio municipal autonómico "sin contar" con el Ayuntamiento de Marbella y perjudicando a muchas familias con un poder adquisitivo bajo o medio que desde hace décadas cuentan con pequeños terrenos agrícolas.

UN PGOU FRUTO DEL CONSENSO.

De otro lado, Muñoz manifestó que los "ideal" sería que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella saliera adelante con el consenso de la Junta y el Ayuntamiento, para el cual, según la alcaldesa, lo prioritario es garantizar que en la ciudad existen zonas de equipamiento y que se nivelan servicios. Señaló que, en este momento, ya se han planteado unas 8.300 alegaciones vecinales al documento del PGOU, cifra que se podría elevar al final a las 9.000.

Preguntada sobre si las construcciones ilegales deben ser derribadas, Muñoz quiso dejar claro que los tribunales son los que deben decir si un edificio se debe o no tirar, al tiempo que advirtió de que la mayoría de los vecinos compraron su propiedad de buena fe y sin que en el Registro constara ninguna anotación preventiva de la administración autonómica que advirtiera de que la edificación podía vulnerar la ley.

Muñoz rechazó que sean esos vecinos los que tengan que compensar ahora a la ciudad, sino que deben ser los promotores, apuntando que la Junta y el Ayuntamiento tendrán que ver si en un momento determinado también deben compensar al municipio. Se mostró convencida de que pretender exigir ahora a los vecinos que paguen conllevaría una gran cantidad de pleitos en defensa de sus derechos.

Recalcó que el PGOU lo que debe hacer, fruto del consenso entre la Junta y el Ayuntamiento, es plasmar el modelo de ciudad para el futuro, mientras que es a los jueces a los que corresponden decir si debe haber o no demoliciones.