GINES (SEVILLA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Más País Andalucía en Gines (Sevilla), Juanma Díaz, ha pedido al alcalde, el socialista Romualdo Garrido, que "informe sobre su situación procesal" en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, por posibles delitos en la organización y gestión de anteriores ediciones de la tradicional 'Pará' de la localidad.
Además de Garrido, en esta causa fueron investigados el exprimer edil socialista de Gines Manuel Camino, varios ediles o exconcejales del PSOE, funcionarios del Ayuntamiento, cuatros hermanos mayores de la Hermandad del Rocío desde 2007 a 2017 y dos empresarios encargados del montaje de las instalaciones de 'La Pará'.
Según el candidato de Más País Andalucía, "la gestión del Ayuntamiento necesita de estabilidad, líneas claras y liderazgos definidos y un alcalde, del que no se sabe si seguirá, o en qué condiciones lo hará si resulta condenado, sólo añade incertidumbre e inquietud ante los grandes retos que enfrenta Gines".
Por eso, el también miembro de la permanente provincial de Más País ha reclamado que el primer edil informe a la ciudadanía de "su situación procesal y su futuro político, ante la inminente convocatoria de las elecciones municipales", previstas para el 28 de mayo.
Según las pesquisas iniciales, la Hermandad del Rocío de la localidad aljarafeña, tras acordar con el Consistorio ginense la explotación económica del ambigú de 'La Pará' sin el pago de la tasas municipales a cambio de que se dedicase lo recaudado a servicios sociales, habría podido destinar ese volumen económico a financiar sus acciones como hermandad y no a los fines acordados, siempre supuestamente.
EL PSOE ASEGURA QUE SÓLO HAY "ERRORES ADMINISTRATIVOS"
El PSOE de Gines, de su lado, defendía tiempo atrás que la investigación "se centra exclusivamente en errores puramente administrativos". "En cuanto tuvimos conocimiento de la posible existencia de dichos errores administrativos en la organización de la Pará, actuamos de manera rápida y con la mayor diligencia para subsanarlos en las siguientes ediciones del citado evento", sostenían los socialistas, asegurando que Romualdo Garrido ha gobernado siempre "sin ningún otro interés, ni personal ni político, que el bien de los vecinos".
En el ámbito supramunicipal, también están investigados en esta causa el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos; los exdiputados provinciales de Hacienda Manuel González Lora y Manuel Domínguez; el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; el jefe de Intervención J.I.C.S.; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia; José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad; el exalcalde socialista de La Roda de Andalucía Manuel Silva Joya por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación y el exdiputado nacional del PSOE Antonio Pradas como otrora jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación.
LAS AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN
Y es que en uno de sus autos, el juez instructor José Ignacio Vilaplana avisaba de que desde la creación la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas "sin regulación" ni "instrumento normativo alguno", contando con varias subvenciones "excepcionales" de la Diputación, es decir ayudas "directas sin concurrencia ni convocatoria pública", pese al carácter "planificable" del evento.
No obstante, en 2021 la Fiscalía solicitaba al juez instructor el sobreseimiento de las actuaciones respecto a los investigados pertenecientes a la esfera de la Diputación provincial, petición a la que se opusieron las acusaciones populares que ejercen el extinto grupo municipal de Imagines como denunciante del caso y el PP.
Para el candidato de Más País, en cualquier caso, "ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía ginenses merecen que su nombre se pasee por los juzgados", por lo que a su entender el primer edil y en su defecto el PSOE, deben esclarecer "en qué estado se encuentra" el citado procedimiento judicial "y qué ocurrirá si finalmente resulta condenado, una información vital para que los votantes sepan discernir lo mejor para el futuro de la localidad".