MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
García-Pelayo (PP) respaldó la "construcción de expedientes falsos" para justificar pagos por 355.391 euros a la red
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a nueve personas, entre ellas al líder de la trama Gürtel Francisco Correa y su presunto 'número dos' Pablo Crespo, por las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Jerez concedió a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.
El magistrado da por finalizada la investigación de esta pieza separada del 'caso Gürtel' en un auto en el que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, tras constatar que los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades".
En concreto, propone sentar en el banquillo de los acusados a Correa y Crespo, junto a los trabajadores de la trama Isabel Jordán y Javier Nombela, las interventoras municipales María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, al que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) José Agüero, la empleada del Instituto Lourdes Montenegro y al antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez.
El juez, que envió al Tribunal Supremo la acusación contra la senadora del Partido Popular (PP) y exalcaldesa de Jerez María José García-Pelayo, ha investigado tres contratos relativos a la adjudicación del 'stand' del Ayuntamiento en Fitur, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez.
La contratación, por importe de 355.391 euros, se adjudicó directamente a tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio. Estas sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que se los adjudicara formalmente el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, un órgano que "no era el competente" para ello.
EXPEDIENTES "FICTICIOS CON FECHAS FALSAS"
El juez, que considera que los acusados cometieron un delito de prevaricación continuada, enfatiza así que los contratos y expedientes administrativos se elaboraron una vez finalizada la Feria de Turismo y, en algunos casos, se trataron de "contratos menores sin publicidad".
De la Mata cree que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y la empleada Lourdes Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.
De esta forma, las empresas de la Gürtel confeccionaron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur, con lo que se demuestra que los expedientes "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas". "La desnuda realidad es que no existió procedimiento administrativo y la contratación fue verbal, directa y sin más trámites", añade el auto.
Las firmas de Correa presentaron sus facturas al IPDC y fueron aprobadas por García-Pelayo en su condición de presidenta, a pesar de que la competencia correspondía al Consejo Rector. En la aportación de la documentación por parte de las empresas de la Gürtel, participaron Correa y Crespo en calidad de directivos y Jordan y Nombela como trabajadores.
La adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor costó 39.366,92 euros y la muestra de flamenco, 11.855,08 euros. "Todas las resoluciones administrativas eran falsas, no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales, sino con elaboraciones ficticias", sostiene.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que da diez días de plazo a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa, considera que los acusados cometieron, bien como autores o como cooperadores necesarios, un delito de prevaricación continuada al llevar a cabo "actos administrativos decisorios, objetivamente arbitrarios y esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por ley".
