SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El abogado del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que rechazó la recusación planteada contra la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Alaya, por el trabajo de su marido como auditor de las cuentas de la sociedad mixta, ya que la Audiencia entendía que la recusación planteada "carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso por la causa consistente en tener interés directo o indirecto, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva".
En este sentido, el letrado de Fernando Mellet ha informado a Europa Press de que ha presentado este recurso de amparo --de más de 100 folios de extensión-- pues entiende que existen motivos suficientes para la recusación, que inicialmente fue planteada por la defensa de la representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo, que argumentaba que el marido de la juez de Instrucción número 6 fue el auditor de la sociedad mixta hasta que la empresa decidió prescindir de sus servicios en verano de 2002, "lo que podría determinar que, aún sin su intención, pudiera haber perdido la imparcialidad en su actuar", llegando a tener "un interés directo o indirecto" en la causa.
Tras ello, la Fiscalía se adhirió a la petición presentada por el abogado de Pilar Giraldo, pues consideraba que "es innegable la relación del contenido objetivo de la investigación que ahora se inicia con la actividad profesional desplegada" por su marido hasta el mes de septiembre de 2002 en la citada empresa, estimando así que "ello puede tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora", aunque esta recusación sólo afectaría a la investigación por presunto delito societario.
En un auto, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ensalzó "la actuación absolutamente garantista y escrupulosa de la magistrada" y rechazó el incidente de recusación planteado por la defensa de Pilar Giraldo, tras lo cual además impuso a la recusante el pago de las costas así como de una multa de 1.000 euros, advirtiéndole de que, si en el plazo de cinco días hábiles no ha efectuado el abono, "se seguirá la vía de apremio contra su patrimonio".
En este sentido, y tras insistir en que "la imparcialidad se presume en todo juez mientras no se demuestre lo contrario", la Sala llamó la atención sobre lo "llamativo" de que la recusación "se formule a la vez que la personación en las diligencias en las que se propone, con lo que difícilmente el recusante puede tener conocimiento de lo acontecido en dicha causa", y aseguró además que "en este momento no existe el más mínimo atisbo de que el periodo en que se centra la investigación deba retrotraerse al ejercicio 2001, como alegan" las partes, punto en el que pasa a rechazar una por una las alegaciones planteadas por la parte recusante.
RECHAZA UNA POR UNA LAS ALEGACIONES DE GIRALDO
En la recusación, Giraldo se refería a "la relación del cónyuge de esta juzgadora con la causa, en calidad de que siendo gerente de la empresa auditora y máximo responsable de la supervisión financiera de Mercasevilla durante siete años hasta el ejercicio económico 2002 inclusive, presuntamente no se detectaron presuntas irregularidades en la gestión contable y financiera de la anterior dirección" del merca, y aseguraba que la juez Alaya "ha retrotraído el periodo de investigación hasta septiembre de 2002, cuando su marido dejó de trabajar para Mercasevilla en el primer semestre de 2002.
En este punto, la Audiencia argumentó que "no existe en el expediente de recusación la más mínima acreditación de que el cónyuge de la instructora fuese gerente de la firma KPGM Auditores S.L., ni de que suscribiese como auditor ningún informe de auditoría para Mercasevilla, siendo el mismo únicamente un empleado por cuenta ajena de la firma", una afirmación que basa en la propia acta del Consejo de Administración del 22 de marzo de 2002; en el informe de la auditoría de cuentas anuales correspondientes a 2001, y en la documental aportada por la sociedad mixta donde aparece como auditor Antonio Fornieles.
"No resulta acreditado que el marido fuese gerente de la empresa (...), como afirma la recusante", según puso de manifiesto la Sala, que añadió que el último periodo auditado por la entidad para la que trabajaba el marido de la juez "fue el ejercicio económico 2001", al tiempo que advertía de la "mala fe" por parte de la recusante, pues "a sabiendas de su falsedad manifiesta que fue gerente de la empresa, cuando se ha acreditado que el máximo responsable de KPMG en sus trabajos para Mercasevilla era Fornieles, y solo hasta el año 2001, ya que la auditoría de 2002 la realizó 'Price Waterhouse Coopers'".
ACTUACIÓN "GARANTISTA" Y "ESCRUPULOSA" DE LA JUEZ
En tercer lugar, la Audiencia mencionó la alegación referente a irregularidades en la gestión, que "al detectarse ya bajo el mando del nuevo director general, Fernando Mellet, éste propuso y ordenó al órgano competente el cese inmediato y cambio urgente de dichos auditores", y puso de manifiesto que la prueba practicada "acredita que el cese de KPMG Auditores tuvo lugar entre junio y finales de septiembre de 2002, pero nada apunta a que, como afirma el recurrente, obedeciera a las razones alegadas". También rechazó la Sala que la juez, "sin que nadie lo solicitara, planteó cuestión de competencia en el Decanato para mantener la causa que días antes había remitido de oficio a reparto", lo que "es totalmente incierto".
Por tanto, y tras considerar que lo así expuesto "denota de manera objetiva y cronológica, con su simple lectura, tanto la actuación absolutamente garantista y escrupulosa de la magistrada como la mendacidad de la alegación expuesta por el letrado", la Audiencia rechazó el argumento dado por la parte recusante en cuanto a que la juez ha recibido asesoramiento por parte de su marido "dada la precisión técnica" del auto de reapertura de diligencias, y dijo que "no debe olvidarse la amplia trayectoria de la instructora, no solo en materia civil, sino en materia penal, en la que es más que probable que haya tenido que ver y examinar documentos contables y periciales contables o intervenir en procesos de suspensiones de pagos y quiebras".
