Montaño dice que si hay delito en relación a la venta de terrenos en Mercasevilla PP es "cooperador necesario"

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño (PSOE), aseguró hoy que si hay delito en relación a la venta de terrenos de Mercasevilla y en la elaboración del pliego de condiciones técnicas del concurso público, el PP es "cooperador necesario".

Montaño, en una nota, quiso mostrar "prudencia" ante las informaciones sobre posibles nuevas imputaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En este sentido, ha subrayado que si se imputa a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla por la venta de terrenos "cabe deducir" que también se extenderá al resto de miembros de los grupos políticos presentes en la corporación local entre los años 2005 y 2006, "porque todos apoyaron y avalaron por unanimidad esta operación".

En concreto, la portavoz del Gobierno local señaló que el PP se querella ahora por la venta de terrenos "cuando cuatro años antes votó a favor de la operación y a favor del pliego de condiciones técnicas que reguló el concurso público hasta en tres ocasiones, en el Consejo de Administración y en la posterior Junta General Extraordinaria de Mercasevilla el 30 de noviembre de 2005 y en el Pleno del Ayuntamiento el 15 de diciembre de 2005, donde el PP felicita al Gobierno de la ciudad por la operación".

En opinión de Montaño, "el PP de Sevilla no ha tenido ningún empacho ni pudor al querer manchar el buen nombre de Sevilla, incluso a nivel nacional, en su intento fallido de contrarrestar el mayor escándalo de corrupción y de presunta financiación ilegal de su partido, como es el caso Gürtel, que ya empaña la gestión de cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP".

El Gobierno local, en palabras de la portavoz, "confía en la Justicia y en la imparcialidad para depurar responsabilidades". Por ello, en respuesta a las declaraciones del portavoz del Grupo Popular, Juan Ignacio Zoido, "cuatro ojos, en efecto, verán mejor que dos la responsabilidad de todos los partidos políticos en esta operación aprobada por unanimidad".

"Todos los partidos políticos actuaron confiados en la legalidad de los procedimientos, de los criterios técnicos y en la buena fe de quienes elaboraron estos criterios mientras no se demuestre lo contrario, pues nuestro Estado de Derecho exige velar por la presunción de inocencia y demostrar con hechos, con pruebas fehacientes, lo contrario", concluyó.