SEVILLA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, ha constatado la "ausencia de orientaciones claras" en relación con la gestión del urbanismo en Andalucía, lo que ocasiona que se produzcan problemas de cumplimiento de la legalidad en general.
En una entrevista con Europa Press, Navas manifestó que los informes de fiscalización que se han realizado en relación con la gestión urbanística tanto en lo que se refiere a las empresas de gestión urbanística como a los planes parciales y a la gestión del patrimonio municipal del suelo siempre ha habido referencias a las exigencias que se derivan de la legalidad y en ellos se han puesto de manifiesto que se han "detectado fallos relativamente importantes".
Uno de esos informes reflejaba que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, según una fiscalización centrada en los años 1999 y 2000, no tenían establecidas políticas de suelo que hagan viable el mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución", sobre el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La Cámara de Cuentas reclamaba además a esos ayuntamientos que, en colaboración con la administración estatal y autonómica,estableciera políticas de suelo encaminadas a "impedir la especulación, incidir en el mercado de suelo y conseguir, en definitiva, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".
"La legislación urbanística es muy amplia y técnica y, por consiguiente, no siempre es fácil de entender y explicar, y seguramente después hay una presión social importante en favor de los ciudadanos que quieren adquirir viviendas, lo que genera muchas tensiones en el mercado", señaló el consejero mayor como causas de la actual situación.
La Cámara de Cuentas, según Navas, se percató desde hace mucho tiempo de que el problema existía y por eso se le ha dedicado una atención preferente al urbanismo, algo que no han hecho otros órganos de control externo del país.
Agregó, no obstante, que el Tribunal de Cuentas, en colaboración con el órgano fiscalizador andaluz, está haciendo una fiscalización sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo en toda España, un terreno "en el que llevamos actuando desde hace cinco o seis años, poniendo nuestro granito de arena en favor de la transparencia de la gestión urbanística".
En su opinión, "faltan orientaciones claras" sobre lo que se puede y no se puede hacer, mientras que el límite de lo que en ningún caso debe hacerse "no está suficientemente establecido". Paera Navas, las legislaciones estatal y autonómica "son las que tienen que establecer con claridad los límites de las actuaciones que correspondan".
Consideró que es un "problema difícil de resolver", por todos los intereses que hay sobre la mesa, que requieren una conjunción ordenada y clara.
