SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con el apoyo unánime de los cinco grupos representados --PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C's) e IULV-CA-- en dos de sus seis puntos, y con la única abstención del PP-A en los restantes cuatro, una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE-A con la que solicita que se aumenten los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas, así como que se modifique la normativa para que al menos haya un empleado durante el día en cada una de ellas para garantizar que se cumplen los derechos de los usuarios.
De esta manera, el Parlamento ha solicitado, por unanimidad, que el Consejo de Gobierno inste a su vez al Gobierno central a desarrollar y clarificar "suficientemente" los requisitos de seguridad industrial que este tipo de gasolineras deben contemplar para garantizar que cualquier usuario esté plenamente en condiciones de seguridad ante cualquier tipo de eventualidad que se produzca cuando realice su repostaje.
Asimismo, ha pedido, con los votos de PSOE-A, Podemos, C's e IULV-CA, al Gobierno central modificar el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, "para que se incluya la obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a personas consumidoras en horario diurno".
En virtud de esta iniciativa, y con los votos también de PSOE-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA, el Parlamento también ha instado al Gobierno andaluz a que inste al Ejecutivo central a que publique la nueva revisión de la instrucción técnica complementaria IP-04 relativa a estaciones de servicio, "con el objeto de aclarar y hacer más concretos y rigurosos las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas".
Y también ha solicitado, con los apoyos de los citados cuatro grupos, garantizar la Unidad de Mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y que, por tanto, "no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas".
Igualmente, el Parlamento pide --con los mismos votos de PSOE-A, Podemos, C's e IULV-CA-- que el Gobierno central articule y garantice que los técnicos proyectistas e instaladores de las estaciones de servicio desatendidas "cumplan rigurosamente la normativa de seguridad industrial que estas instalaciones deben cumplir en la actualidad, garantizando, por tanto, la seguridad de las personas y los bienes".
PLAN DE INSPECCIÓN
La PNL ha incorporado además un punto adicional respecto al texto inicialmente propuesto a partir de enmiendas de Ciudadanos (C's) y de IULV-CA que han sido transaccionadas en una sola.
En virtud de este nuevo punto, aprobado por unanimidad, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno andaluz a elaborar y desarrollar un plan de inspección para comprobar que todas las estaciones de servicio que operan en Andalucía cumplen el Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público y las obligaciones de sus titulares, y, en particular, su artículo 7.7, sobre el personal mínimo que deben tener estas instalaciones, así como la normativa de seguridad industrial que afecta a este tipo de instalaciones".
Para argumentar la iniciativa, el diputado socialista Francisco José Vargas ha explicado que existen tres modalidades de suministro de combustible al por menor, la tradicional con atención por parte de empleados de la gasolinera, las de autoservicio y las que ahora han aparecido, estaciones desatendidas.
Este último sector, a su juicio, "necesita ser regulado" para garantizar la seguridad de las instalaciones y porque "tiene que tener unas condiciones que den garantía a los usuarios y al entorno donde se instala este tipo de estaciones de servicios".
Para el PSOE-A, este tipo de gasolineras "no garantizan la igualdad de condiciones para todo el mundo", pues "no todo el mundo sabe enfrentarse a una máquina que tiene que cobrarte y autorizarse el uso de una estación para echar combustible, ni todo el mundo tiene condiciones físicas para hacerlo, ni tiene la pericia para manejar gasolina y hacerlo sin comprometer la seguridad propia y de los que están a su alrededor".
PP-A VE "UN EJEMPLO DE CONFRONTACIÓN" LA PNL
Para posicionar a los grupos ha intervenido, por parte del PP-A, el diputado Jaime Raynaud, quien ha calificado de "deslavazada y confusa" esta PNL porque, aunque tiene un "fondo interesante", se centra en "pedir, pedir y pedir al Gobierno de España" pero en ella los socialistas "olvidan, olvidan y olvidan" las "propias obligaciones" de la Junta.
A ese respecto, ha indicado que la PNL menciona dos leyes y un Real Decreto del Gobierno central pero "se le olvida la Ley 13/2003 de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía", así como del Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, y en esa línea ha considerado como "un ejemplo de confrontación" esta iniciativa "extemporánea, en el tiempo y en la forma".
Por su parte, la diputada de Podemos María del Carmen Molina ha asegurado que su grupo parlamentario se suma a esta "pugna" para que las gasolineras desatendidas de ajusten a unos principios básicos como los que se solicitan en esta iniciativa. Ha lamentado que sea "casi exótico" encontrar hoy día una estación de repostaje convencional donde los conductores no tengan que llenar por sí mismos los depósitos y ha advertido de que este modelo de negocio supone una "amenaza" para el empleo, con una posible pérdida de 10.000 puestos de trabajo, y una rebaja de la seguridad de la ciudadanía.
En representación de Ciudadanos (C's), el diputado Carlos Hernández White ha incidido en que las gasolineras desatendidas son "un problema para la ciudadanía, atentan contra la igualdad de los ciudadanos, contra los consumidores y usuarios y contra la competencia de las gasolineras" que sí disponen de personal, así como "incumplen la ley". Por eso, ha reclamado que "se sea tajante en el cumplimiento de la ley" con las empresas que gestionan dichas estaciones de servicio, y en esa línea, ha remarcado que la legislación en Andalucía al respecto es "meridianamente clara".
Finalmente, el parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha justificado el apoyo de su grupo a esta iniciativa porque estas estaciones de servicio "conculcan los derechos de los consumidores en general y de los de los trabajadores del sector". "Este modelo de negocio no respeta ni los derechos ni las garantías más básicas", ha incidido, si bien ha apuntado que, al margen de reclamar al Gobierno, hay que remarcar que la Junta también tiene "competencia" en esta materia y "la obligación de ejercerla"
