SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este miércoles, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y la abstención de PP-A, convalidar el nuevo el decreto ley de Inclusión Social a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que beneficiará a más de 160.000 personas y que destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente la personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.
Asimismo, el Pleno ha rechazado, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, como había solicitado el PP-A.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado ante el Pleno que esta nueva iniciativa de inclusión social del Gobierno andaluz se suma, hasta alcanzar los 158 millones de euros, a otras como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión o las ayudas económicas familiares.
Sánchez Rubio ha indicado que con este decreto se pone de manifiesto que las prioridades del Gobierno andaluz están en las necesidades de las personas con más dificultades y ha confiado en que cuenta con el apoyo de todos los grupos.
En cuanto a la posición del PP-A sobre el decreto, la diputada Ana Vanessa García ha criticado que la Junta haya tardado seis meses en poner en marcha un decreto que es "igual al del pasado año". Ha señalado que este decreto solo sirve para "la autocomplacencia" de los dos partidos del Gobierno, que "vuelven a hablar hoy de lo mismo que llevan hablando desde hace 24 años" y las cosas "van a peor".
La 'popular' ha considerado también que "no es lógico" que los trabajadores de este decreto vayan a "cobrar menos" que los del Plan de Empleo Joven y ha denunciado que el programa de garantía alimentaria no incluya a los menores de colegios concertados. En su opinión, así crean "familias con dificultades y familias con más dificultades" y le "pasan la pelota" a los Ayuntamientos, que son los que van a tener que hacer frente a toda la burocracia de estos decretos. Además, sobre ellos, ha recordado a la consejera y al PSOE-A que "ya se han comprometido" a adelantarles el dinero para su financiación.
Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Marisa Bustinduy ha señalado que todos los sectores e informes constatan el empeoramiento de la situación social en España, sin que el Gobierno del PP tome medidas para hacer frente a la pobreza. A su juicio, para atajar un problema social de este tipo se requiere reconocer la existencia del mismo y no negarlo, como hace el PP, y tener claro que se deben adoptar medidas para la inclusión social.
Ha agregado que, frente a la actitud del Ejecutivo nacional, es "firme" el compromiso del Gobierno andaluz con la solidaridad y la protección de miles de familias en riesgo de exclusión, apostando por los ayuntamientos como instrumentos claves por la cohesión social.
El parlamentario de IULV-CA Manuel Baena ha valorado que la Junta esté dando estos pasos necesarios para atender a las personas con más dificultades, con independencia de que sean suficientes o no. Ha considerado necesario darse prisa por garantizar que haya, el próximo año, una renta básica que ayude a los más de 200.000 hogares sin ningún tipo de ingresos.
CONTENIDO DEL DECRETO LEY
El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de junio, se aglutina en torno a tres planes: el de Inserción a través del Empleo, el Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Extraordinario de Garantía Alimentaria. El Gobierno andaluz defiende que la principal medida de integración e inserción social es el empleo; que es necesario introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y también asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión, especialmente personas mayores y menores.
La consejera ha explicado que este decreto va en la línea de promover la inclusión social a través del fomento del empleo. Así, el Plan de Inclusión a través del Empleo, que cuenta con un presupuesto de 42 millones, recoge un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación a través de los ayuntamientos.
A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos, con una duración de entre 15 días y tres meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Las ayudas se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro.
El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral. A partir de ahora, estos podrán ser contratados, durante un máximo de seis meses a jornada completa, por empresas de economía social y de inserción, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador. La medida está dotada con dos millones y, según la consejera, la previsión está en la firma de unos 800 contratos.
Por otra parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares.
Con respecto al primero, se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Las entidades locales recibirán de la Junta entre 3.900 y 52.000 euros en función del número de desempleados del municipio. El programa está dotado con 6,5 millones.
Asimismo, el Decreto Ley de Inclusión aprobado amplía de 1,4 a 5,9 millones la dotación de las Ayudas Económicas Familiares. Estas prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. El objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales destinará además 11 millones de euros en 2014 al Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Esta iniciativa garantiza a los colectivos menores y personas mayores más vulnerables el acceso a la alimentación. La Junta prevé que este año sean más de 20.000 escolares los que reciban tres comidas diarias en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. Además, durante el periodo vacacional volverán a funcionar las escuelas de verano, que el año pasado atendieron a 4.500 menores y que, según ha apuntado la consejera, "este año se podría incrementar el número".
