Parlamento-PP pide implantar en Andalucía pena de trabajos en beneficio de la comunidad, con convenios con ayuntamientos

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que insta al Gobierno autonómico a promover la colaboración y cooperación entre todas las corporaciones locales andaluzas y la administración penitenciaria para hacer posible la implantación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la cual ha supuesto "una innovación muy importante en el Código Penal desde el punto de vista del efecto de reeducación y reinserción social que puede llegar a tener".

El PP también plantea en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, que la Junta promueva la colaboración de todas las entidades públicas privadas que realicen una actividad de interés público con la administración penitenciaria, para posibilitar el efectivo cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.

En la exposición de motivos de la proposición no de Ley, el PP también indica que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la administración penitenciaria, que, a tal fin, podrá establecer los oportunos convenios con otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública. En este caso, añade que estas administraciones o entidades podrán asumir las funciones de gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, sin perjuicio de la supervisión de la administración penitenciaria.

Para el PP, los trabajos en beneficio de la comunidad pueden tener un gran efecto resocializador, "en tanto que el autor de un delito o falta tiene que cumplir la pena impuesta en lugar de ingresar en un establecimiento penitenciario", con lo que se sustituye "la pena de prisión, "siempre que no exceda de un año, por la de trabajo en beneficio de la comunidad, aplicando una jornada de trabajo por cada día de prisión impuesta".

No obstante, explica que la aplicación de esta pena está siendo difícil ante la ausencia de una respuesta colectiva de todos los operadores que tenían que afrontar la ejecución de las mismas, es decir ayuntamientos, diputaciones y asociaciones.

"Esta insuficiente colaboración es un dato ante el que este Parlamento no puede permanecer indiferente, dado además la esencia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y de la apuesta que supone en favor de los fines de reeducación y reinserción social", según señala el grupo popular.