SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha rechazado una proposición no de ley defendida por el PP-A en la que se pedía que la Junta permita, mediante el instrumento normativo adecuado, el acceso a los suministros básicos de agua, saneamiento y electricidad para aquellas edificaciones en suelo no urbanizable o suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que no han sido incluidas en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, y que por tanto su regularización no prevea esta ley, pero cuenten con un proyecto que pudiera permitirlo en un futuro para que, de forma provisional, puedan acceder hasta que puedan alcanzar la solución definitiva para la edificación.
En defensa de la iniciativa, que ha contado con el rechazo del resto de grupos parlamentarios, la diputada Patricia Navarro ha dicho que hay 300.000 viviendas fuera de ordenación en Andalucía y que la última modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada hace tres meses, no ha supuesto una respuesta global, sino parcial, siendo más las viviendas que se han quedado fuera que las que se van a ver beneficiadas.
La parlamentaria 'popular' ha dicho que estas familias no pueden esperar más tramites administrativos y que necesitan acceso al agua potable, a los servicios de saneamiento y de luz, calificando su situación de "verdadera emergencia social". Tras apuntar que una parte importante de estas viviendas se encuentran en Córdoba y en Carmona (Sevilla), Navarro ha asegurado que los derechos no los tienen las edificaciones sino las personas y que estos afectados están viviendo en "condiciones tercermundistas".
La diputada de Podemos Carmen Molina ha achacado el problema a la ausencia de un modelo de desarrollo sostenible por parte de la Junta, lo que provoca el aumento de las viviendas ilegales, "un cáncer que tampoco controlan los ayuntamientos". A su juicio, no se va a resolver este problema si no se dotan de medidas a los inspectores urbanísticas, habiendo "premiado" las últimas modificaciones legales a quienes incumplen la ley.
De su lado, el diputado del PSOE-A Rodríguez Sánchez Haro ha afirmado que el PP-A "miente" cuando dice que la modificación de la LOUA va a dejar sin solución a muchas familias y da amparo a una "actuación de gamberrismo político" que supone utilizar el dolor de los afectados contra el Gobierno andaluz.
El socialista ha recordado que hace tres meses este Parlamento aprobó la modificación de la LOUA con las aportaciones de los grupos, incluidas las del PP-A, "que ahora es su más ferviente opositor". Así, ha considerado que la proposición no de ley de esta formación es "innecesaria, inconcreta y un intento desesperado" por confrontar con el Gobierno de Susana Díaz.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha indicado que se requiere una solución urgente a esta materia desde el punto de vista asistencial si no se puede resolver desde el urbanístico, dado que las personas "tienen que tener una calidad de vida con sus servicios esenciales de luz y agua". Es urgente también, según ha destacado, aprobar el desarrollo reglamentario de la LOUA.
Finalmente, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha advertido de la "permisividad y negligencia" durante años de las administraciones locales y autonómica en materia urbanística "sin que pasara absolutamente nada" y ha destacado que la propuesta que trae el PP-A no da certidumbre ni seguridad jurídica a los afectados. Y es que, en su opinión, la solución es algo "más complicada".
