El Partido Judicial de Sanlúcar suspende la ejecución de diligencias de calle tras la restricción de taxis

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) --que engloba un total de 16 pueblos-- ha decidido suspender la ejecución de cualquier diligencia de calle que no se circunscriba a los alrededores del edificio judicial, todo ello tras emitir la Consejería de Justicia y Administración Pública la Instrucción 2/2009, por la cual se acuerda que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte.

Así lo dio a conocer en declaraciones a Europa Press el juez decano de este partido judicial, Francisco Javier Carretero Espinosa, quien señaló que la situación que se está viviendo en los pueblos de la provincia "es mucho peor" que en la capital hispalense, pues "hay lugares a los que no se puede llegar en autobús, como polígonos industriales o urbanizaciones".

En este sentido, Carretero Espinosa advirtió de que se están paralizando los exhortos o los embargos, "incluso no se ha podido llevar a cabo un embargo de tres millones de euros", criticando en este punto que, "si la Consejería no da dinero para que se puedan coger taxis, tendría que haber dado alternativas", pues "ni siquiera contamos con un parque móvil o siquiera una motocicleta" con la que se puedan hacer las diligencias de calle no circunscritas a la sede judicial.

Por todos estos motivos, el juez decano ha remitido un escrito dando cuenta de la solución adoptada por el Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor --solución que también se ha adoptado en pueblos como Coria, Dos Hermanas, Carmona, Lebrija o Marchena-- tanto al Colegio de Abogados como al de Procuradores y a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública, ya que, según dijo, esta medida "se ha adoptado de buenas a primeras, sin dotar de medios a los juzgados".

"PERPLEJIDAD"

En el escrito remitido a la Delegación Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la instrucción emitida por el departamento de Begoña Álvarez ha causado "perplejidad" tanto en los integrantes del poder judicial del Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor como en los funcionarios y profesionales que diariamente desarrollan su función en este partido, una "perplejidad" tras la que "se abre la sospecha de un conocimiento involuntariamente equivocado de las características del mismo".

Al hilo de ello, pone de manifiesto que este partido judicial "tiene un extraordinario volumen de litigiosidad, al ser un partido de amplia extensión, comprendiendo 16 localidades en fase de crecimiento continuado", cuya ubicación limítrofe a la capital de la provincia "lo convierte en ciudad dormitorio y zona residencial con una población que supera los 100.000 habitantes de derecho, siendo la población de hecho cercana a los 150.000 habitantes, con múltiples urbanizaciones desperdigadas en todo su territorio y numerosos polígonos industriales con múltiples empresas".

De este modo, indica que la red de transporte publico colectivo "es absolutamente insuficiente al existir localidades, urbanizaciones o polígonos industriales sin parada de autobús o con escaso horario, siendo necesario trasladarse a la estación de autobuses de Sevilla capital para acceder a otras", y añade que a ellos "se une la amplia extensión territorial desde Aznalcóllar hasta Villamanrique de la Condesa o desde Salteras hasta Castilleja del Campo".

SOLICITUD DE MEDIO DE TRANSPORTE

Por ello, solicita a la Delegación Provincial "medio de transporte a efectos de poder realizar adecuadamente la actividad judicial" en el presente partido judicial, incidiendo en que, "ante la imposibilidad de cumplimiento de las actuaciones judiciales, se ha suspendido la ejecución de cualquier diligencia de calle que no se circunscriba a los alrededores del edificio judicial", todo ello "sin perjuicio de que solventado tales obstáculos por la Consejería se pueda llevar a cabo en legal forma".

Por último, advierte de que lo anterior se ha acordado "sin menoscabo de las acciones que pudiesen corresponder a las partes afectadas por la suspensión para exigir las pertinentes responsabilidades civiles a la Consejería de Justicia y Administración Pública".