BRUSELAS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.
De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.
Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.
PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA
Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.
También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".
Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.
También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstamte, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.
La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas". Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.
RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN
También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.
En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.
Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.
Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".
Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable" y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.
Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".
ESFUERZO DEL GOBIERNO
Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".
También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".
La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).
