Podemos pide al Ayuntamiento de Sevilla que adquiera el edificio de la calle Verdad en proceso de desahucio

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha pedido este lunes al alcalde, José Luis Sanz, que incorpore el edificio de viviendas de protección oficial situado en la calle Verdad 54, en el barrio de Palmete, al parque público municipal y "garantice la continuidad" de las 11 familias residentes que se encuentran actualmente en riesgo de desahucio.

En una nota remitida por el partido, Hornillo ha indicado que el inmueble "nunca debió ser vendido en subasta a un banco ni, posteriormente, acabar en manos de un fondo internacional", debido a que el edificio dispone de una carga de VPO "de 30 años inscrita desde 2013".

En esta línea, ha indicado que se ha producido "un incumplimiento" de la Ley Andaluza de Tanteo y Retracto "que obliga a comunicar a la administración cualquier transmisión de una vivienda protegida". "Esa omisión permitió que las once viviendas pasaran al circuito especulativo por apenas 532.000 euros, una cantidad muy inferior al valor real de mercado para una promoción de estas características", ha afirmado.

En este sentido, Podemos ha asegurado que la Junta de Andalucía "pudo evitar este escenario" ejerciendo su derecho de tanteo durante el proceso de adjudicación en 2019, "y aún a fecha de hoy sigue pudiendo actuar mediante el derecho de retracto, lo que supondría una operación de muy bajo coste para ampliar el parque público de vivienda".

Por otro lado, Hornillo ha reclamado que las familias "participen activamente" en las conversaciones que Emvisesa mantiene con el banco Santander desde el anuncio del desahucio y que en esa negociación "se produzca el reconocimiento de que la solución no pasa por fragmentarlas ni enviarlas a soluciones habitacionales temporales, sino por garantizar su permanencia en sus hogares, respetando las condiciones iniciales de alquiler a largo plazo con derecho a compra".

La concejala ha calificado la situación como "un ejemplo de manual de cómo la inacción institucional abre la puerta a la especulación con vivienda protegida". "No estamos ante un problema de alternativa habitacional, sino ante una operación especulativa a manos de fondos buitre que debe impedirse a toda costa", ha afirmado.