SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha asegurado que el Plan Concertado de Vivienda "está muerto" y ha lamentado las "mentiras brutales" de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, al evaluar dicho plan con un grado de ejecución del 96 por ciento.
En ese sentido, Martínez ha indicado a Europa Press que "mientras la consejera cifra en un 96 por ciento el grado de ejecución del Plan, los datos reales del Ministerio de Fomento nos dan una ejecución de no más de un 30 por ciento".
La diputada del PP-A critica las "mentiras brutales" de Cruz Villalón, cuando, a su juicio, "no ofrece datos ni estadísticas transparentes, en esos casos parece que se puede mentir todo lo que se quiera", por lo que considera "muy descarado" e "insultante" el hecho de que la consejera "hable de que se han impulsado 243.000 actuaciones y de un 96 por ciento de ejecución del plan, sin decir datos concretos de cuáles son esas actuaciones".
"El Plan no sólo ha finalizado porque se acabe el plazo, sino por la falta de presupuesto, no por la crisis financiera, sino porque se han suprimido todas las ayudas y programas y por el recorte brutal del Gobierno central a las ayudas del Plan Concertado, suprimiendo las ayudas a la entrada; el Plan ha muerto absolutamente y hace falta un nuevo plan, que no vendrá de la mano de este gobierno, porque hace falta un cambio de modelo", ha agregado Martínez, quien apuesta por "centrar el esfuerzo más en ayudas a las personas que a la construcción de viviendas".
"Es una falta de respeto e insulto a todos los andaluces que creyeron que la Ley de Derecho a la Vivienda podría ser realidad, pero con las políticas de los gobiernos socialistas, tanto a nivel estatal como andaluz, ha hecho todo lo contrario", ha agregado la dirigente popular.
La diputada popular ha apuntado la "caída" en la compraventa de viviendas y ha recordado la subida del Euríbor, de forma que ha criticado que "cuando las condiciones son más difíciles para el acceso a la vivienda, la Junta se permite el lujo de dar datos vagos, carentes de rigor, inciertos y absolutamente falsos a la vista de los datos que conocemos del Ministerio sobre VPO y vivienda libre".
Sobre las calificaciones emitidas por la Junta, Martínez ha recordado que esas 51.000 calificaciones no son más que viviendas de papel y en proyecto que no están construidas y no se pueden considerar viviendas a las que los andaluces puedan tener acceso".
Ha recordado que el Plan Concertado "se marcaba como objetivo las 132.000 calificaciones de vivienda de nueva construcción para venta y alquiler, por lo que esas 51.000 no son el 50 por ciento del objetivo" y ha asegurado que la Junta "ha alentado para que se solicitaran calificaciones de vivienda sin que por ningún momento esas calificaciones tengan garantizada financiación o los promotores tengan previsto construirlas".
2010, EL PEOR AÑO DE LA VPO
Alicia Martínez ha agregado que 2010 "ha sido el peor año para la VPO en Andalucía, según la serie histórica del Ministerio, pues se calificaron 8.700 viviendas en todo el año, pero solo se entregaron 6.023 viviendas, frente al objetivo de 30.000 VPO al año".
De esta forma, ha asegurado que "de todas las viviendas que se han entregado en Andalucía, solo una de cada diez viviendas ha sido una VPO, es muy poco, sobre todo cuando los objetivos de la Ley era situarlo en al menos un 30 por ciento, cuando se ha logrado un 10 por ciento".
Martínez además asegura que "la Junta de Andalucía tampoco ha hecho su trabajo en materia de VPO, pues si hay alguna vivienda es gracias a los promotores privados".
También ha apuntado los "datos lamentables" de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que, según asegura, "en 2010 calificó 315 VPO, inició sólo 66 viviendas" y agrega que desde 2008 EPSA "ha promovido 3.267 viviendas y ha terminado y entregado sólo 1.477 viviendas".
AYUDAS AL ALQUILER
Asimismo, frente a la apuesta de la Junta por el alquiler y la rehabilitación, Martínez ha criticado la supresión de las ayudas a las agencias de fomento del alquiler, "a los que les deben 10 millones de euros", la supresión de las ayudas a propietarios, "a los que la Junta les debe 33 millones" y la supresión de las ayudas a los inquilinos "donde hay 12.000 afectados que llevan esperando dos e incluso tres años a que les paguen y les deben diez millones de euros".
De esta forma, asegura que "la Junta debe en concepto de políticas sociales de alquiler 50 millones de euros".
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Por último, Martínez ha criticado la liquidación del presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para 2010, que, según ha precisado, "inicialmente era de 440 millones de euros, pero finalmente se ha liquidado en 281 millones, y se han dejado de ejecutar 61 millones de euros en 2010 en esa Consejería, algo inaceptable, no sólo porque incumpla la Ley de Derecho a la Vivienda sino porque existe una situación de parálisis en el sector de la construcción, puesto que dos de cada tres empleos que se destruyen proceden de este sector".
