SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento hispalense y ex consejero de la sociedad mixta Mercasevilla, Beltrán Pérez, ha advertido de que el acuerdo de la junta de accionistas de esta sociedad participada por el Consistorio y Mercasa, que suprime la paridad entre concejales y técnicos en la representación municipal del consejo de administración, prueba la "ilegalidad" cometida previamente al haber remodelado dicho órgano de gobierno en contra de los estatutos ahora modificados. "Se intenta validar un acto ilegal", ha alertado ante esta "aberración" que consolida la re configuración del consejo de administración que apartó al PP de la empresa.
En declaraciones a Europa Press, Beltrán Pérez ha considerado que el acuerdo de la junta general de accionistas, adoptado con el voto favorable de los representantes del Ayuntamiento y de la sociedad estatal Mercasa, pero el voto contrario de la asociación de mayoristas de fruta, "es la mejor prueba de la ilegalidad" cometida en la anterior sesión de la junta de accionistas. La anterior sesión de la junta general de accionistas, como se recordará, había aprobado reducir de 23 a nueve los miembros del consejo de administración, extremo que supuso la desaparición del PP, --única fuerza de oposición del Ayuntamiento hispalense--, de los órganos de gobierno de esta compañía investigada por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, la presunta venta irregular de los suelos del mercado central y un posible delito societario.
Según el mencionado acuerdo de la junta general de accionistas, los cinco miembros que representarían al Ayuntamiento en el consejo de administración de la empresa eran el concejal socialista y nuevo presidente de la compañía en relevo del alcalde, Alfonso Mir, y el vicepresidente y primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), además del secretario general, el interventor del Consistorio y una directiva de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas municipales, ostentando los tres últimos la consideración de técnicos.
Beltrán Pérez, no obstante, había advertido de que la reforma inicial aprobada por la junta de accionistas sobre la composición del consejo contravenía los propios estatutos de Mercasevilla. Según el concejal popular, el artículo 25 de los estatutos establecía que la representación del Ayuntamiento en el consejo de administración debía estar sujeta a una "paridad" entre ediles y técnicos, toda vez que, en el caso de la configuración entonces escogida, al quedar en número impar los representantes del Consistorio, serían dos los concejales y tres los técnicos.
"UN ACTO ILEGAL"
Dada la modificación de los estatutos acordada por la junta de accionistas de la empresa para que la representación del Ayuntamiento quede fijada en dos concejales y tres técnicos sin criterios de paridad, Beltrán Pérez ha advertido de que dicho acuerdo "intenta validar un acto ilegal" previo. "No puede uno cometer uno un acto ilegal y luego legalizarlo", ironizó insistiendo en que esta modificación demuestra que toda la remodelación del consejo de administración responde al empeño de PSOE e IU-CA de "expulsar al PP" de los órganos de gobierno de la compañía.
"Es una aberración", insistió antes de recordar que el propio Mir, en el pleno celebrado el pasado mes de julio, había anunciado una nueva remodelación del consejo de administración "invirtiendo los términos" de la representación municipal del consejo de administración, al objeto de que tres concejales y dos técnicos tomasen parte de él, una fórmula que permitiría la representación de las tres fuerzas políticas de la Corporación hispalense. "Una mentira", lamentó en cuanto a estas declaraciones del actual presidente del consejo de administración.
Igualmente, lamentó la "huida" del hasta ahora vicepresidente y primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), de los órganos de gobierno de la empresa, porque "abandona la empresa que él mismo a contribuido a quebrar y abandona al colectivo de prejubilados" del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, cuyas prestaciones están en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de su financiación. "Torrijos abandona el barco que se hunde", ha criticado.
Así, Beltrán Pérez concluye que se trata de un acuerdo "antidemocrático" destinada a blindar la "expulsión" del PP de los órganos de gobierno de Mercasevilla en una estrategia de "encubrimiento" de los hechos acontecidos en el seno de la sociedad mixta. "Expulsan a los que trabajan por Mercasevilla y, a la mínima ocasión, abandonan el barco", resumió en cuanto al conjunto de la reconfiguración de la empresa.