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SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Empleo del Partido Popular andaluz, Teresa Ruiz Sillero, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "retrasar intencionadamente la revisión de los expedientes de las subvenciones" otorgadas UGT-A para que la organización pueda "seguir recibiendo" ayudas públicas, lo que ha considerado un "trato de favor" hacia el sindicato y una forma de "entorpecer" el reintegro del dinero "defraudado".
En rueda de prensa, Ruiz Sillero ha advertido de que si la Administración autonómica continúa con esta práctica mientras, por otro lado, "suspende" ayudas públicas a otras organizaciones como las ONG, "dentro de nada estará rayando la prevaricación", por lo que ha exigido al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, que deje de "jugar al engaño y al despiste" y dé todas las explicaciones necesarias al respecto.
Sobre todo, según ha explicado, porque de sus declaraciones sobre cómo la Junta está llevando a cabo el procedimiento de reintegro de las ayudas indebidamente cobradas por el sindicato (hasta la fecha se ha requerido a UGT-A un total de 3,6 millones de euros), se deduce que "la Junta está favoreciendo al sindicato permitiéndole usar el camino más largo" para dicha devolución.
Esta vía larga consiste, en palabras de la 'popular', en no exigirle el reintegro de forma inmediata a UGT-A como "sí se hace con ayuntamientos, empresas o autónomos" (proceso que puede tardar entre 15 días o un mes) y en optar por abrir un expediente de información previa que, antes de volver a la Consejería, debe haber pasado por el Consejo Consultivo, entre otros trámites; lo cual, hace que el proceso de "eternice" y no se resuelva hasta pasado "siete u ocho meses o incluso un año".
Esta práctica contribuye, según el PP-A, a que UGT-A pueda seguir "recibiendo subvenciones" de la Junta porque, además, la Administración autonómica "no quiere aplicar" el artículo 72 de la Ley de Procesos Administrativos que le permitiría tomar "medidas provisionales para garantizar que UGT-A no reciba más dinero público mientras no devuelva los 3,6 millones de euros que se le están reclamando".
