PP llevará una propuesta al Parlamento para la inspección y pago de reparaciones en las casas de Santa Teresa

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y parlamentario andaluz, Juan Ignacio Zoido, anunció hoy que llevará una propuesta al Parlamento para que se inspeccionen y se paguen todos los gastos de rehabilitación de 700 casas de la barriada de Santa Teresa con graves deterioros, así como también que solicitará a Urbanismo el aplazamiento del cobro de los apuntalamientos para que sea la Junta de Andalucía quien corra a cargo del coste.

En declaraciones a los periodistas, Zoido informó sobre la situación de estas familias, el 10 por ciento de los cuales son inquilinos de la Junta de Andalucía, habiendo comprado el resto a la Junta las viviendas hace poco.

"La mitad tienen graves deterioros en sus viviendas, descubiertos después de haberlas comprados, y hoy muchos tienen las casas apuntaladas, otros han visto caer sus techos, hay informes que alertan del riesgo de derrumbe y varios vecinos que ya han sido desalojados porque se les puede caer la casa encima", señaló el portavoz municipal popular, que incidió en que hay más de 300 familias que viven "en peligro o exiliados de unas casas que la Junta les ha vendido o alquilado en mal estado".

A causa de las lluvias, y ante la inacción que el PP critica en la administración, el 28 de febrero de este año comenzaron a caerse techos, "y entonces es cuando quedan al descubierto elementos de las estructuras que dan las voz de alarma sobre el estado de las viviendas recientemente vendidas por la Junta".

"Hoy, muchas de estas casas han sido apuntaladas por la Gerencia de Urbanismo, que pasa factura de 6.000 euros a los propietarios", subrayó Zoido, que señaló que "todas las casas están engarzadas como piezas de dominó, y cuando se seque el suelo y se contraiga no se sabe qué puede ocurrir".

Sobre la "implicación" del Ayuntamiento y de la Junta, señaló que, en el primer caso, "Urbanismo se limita a apuntalar a cambio de 6.000 euros que muchos no pueden pagar y le dan la espalda a unos vecinos sin hacer nada ni por mediar con la Junta de Andalucía ni por llegar a un acuerdo para el pago aplazado de este apuntalamiento, y encima le deniegan vivienda de renta baja en alquiler por ser ya propietarios de una vivienda protegida en la que no pueden vivir con seguridad".

En el caso de la administración autonómica, Zoido recordó que es propietaria del 10 por ciento de las viviendas y "la administración que vendió en mal estado las viviendas a estas personas". "La Junta ha vendido a muchas familias de Sevilla casas en ruina y ha permitido que vivan en ella", apostilló.

MEDIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por otro lado, el Ayuntamiento anunció hoy en un comunicado que el concejal delegado del Distrito Cerro-Amate, Francisco Fernández (PSOE), mantendrá el próximo lunes 29 de marzo, a las 12.00 horas, una reunión con el presidente de la asociación de vecinos, Francisco Ledesma, y otros miembros del colectivo, al objeto de buscar soluciones a los desperfectos producidos en las viviendas del barrio.

Éste es el compromiso adquirido por el distrito tras el encuentro mantenido en la mañana de hoy entre el director de Cerro-Amate, Rafael Sánchez de los Reyes, y el presidente de la asociación, en el que analizaron la situación en la que se encuentran las viviendas, algunas propiedad de la Junta de Andalucía y otras propiedad de los vecinos, que requieren en ambos casos obras de rehabilitación que solucionen los desperfectos que presentan los inmuebles.

El edil responsable del distrito atenderá a los vecinos de Amate y procederá a mediar acerca de sus demandas con los organismos e instituciones competentes, concluyó el Consistorio.