PP-A pide a Junta "no entorpecer" tras ser declarada responsable subsidiaria en formación

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, ha pedido al Gobierno andaluz que deje de "entorpercer y enmarañar" los procedimientos judiciales y que, "de una vez por todas" colabore con la Justicia, todo ello después de el Ejecutivo andaluz haya anunciado que ultima un recurso contra el auto que la declara responsable subsidiaria en la causa de formación.

En rueda de prensa, Navarro ha indicado que se presente un recurso o no, se declare la responsabilidad subsidiaria de la Junta o no, "lo que tenemos claro en el PP-A y los andaluces es que hay una responsabilidad política, como lo están demostrando todos los comparecientes que están pasando por la comisión de investigación creada en el Parlamento".

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, ha declarado responsable civil subsidiaria del mismo a la Junta de Andalucía.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado tomó la decisión tras recibir un atestado de la Policía donde existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, ha adelantado la cadena Ser. Cabe recordar que la Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude.

Desde hace meses están declarando un centenar de investigados, entre ellos el exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado; el ex delegado de Empleo Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE; José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, además de 1.000 testigos.

Todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que ha estado investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo la dirección del citado juzgado. Esta causa fue archivada el año pasado, sin embargo el juez optó por reabrirla después de que le llegara "nueva información ampliatoria del atestado policial". No obstante, antes de que el juzgado tomara esta decisión, la Fiscalía llegó a recurrir el sobreseimiento en reforma de la misma, que finalmente se reabrió.