SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 14 que decreta el archivo de las diligencias incoadas contra el que fuera asesor del Grupo socialista del Consistorio Domingo Enrique Castaño, el que fuese edil de Vía Pública y ex presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, una ex trabajadora de la organización y dos responsables de la copistería 'Copyur', al tiempo que ha considerado "sorprendente" que el juez instructor "haya dictado el final de la instrucción".
En el recurso presentado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP explica que la referida resolución de sobreseimiento provisional "es eminentemente fáctica, pues consiste en apreciar que los indicios que dieron lugar a la formación de la causa subsisten, pero sin expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios contra una persona, lo que no es cierto en las presentes actuaciones", y lamenta que el hecho de clausurar la instrucción "cuando existen sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito denunciado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva".
Al hilo de ello, el PP critica además que el juez Manuel Ignacio Centeno "se haya negado a practicar las necesarias diligencias de prueba que fueron debidamente propuestas" por el propio partido, para lo cual el juez "alude a que esta parte pretende abrir una causa general entre las relaciones entre el Ayuntamiento y la asociación denunciada". "Nada más lejos de la realidad", apostilla.
Así, asegura que "no tiene intención de abrir ninguna causa general, sino que lo único que pretende es colaborar con la Justicia, coadyuvando de manera activa a esclarecer si la conducta de los imputados es aislada o si los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado", añadiendo que "poner sobre la mesa unos hechos que se derivan de la información contable aportada por Copyur no supone en ningún caso abrir una causa general, sino que más bien cierra el círculo de la investigación".
En este sentido, critica que, "o bien el Juzgado no ha analizado la documentación que, obrante en las actuaciones, fue puesta a nuestra disposición, o bien no ha podido llegar, por razones que desconocemos, a las indiscutibles conclusiones a las que nos han llevado irremediablemente los hechos objetivos reflejados en nuestro escrito", y precisa que esa documentación "supone algo más que indicios criminales de racionalidad de la falsificación de facturas por parte de los responsables de Copyur".
FACTURAS FALSAS
Así, explica que el único fin del PP, personado como acusación particular, "es esclarecer si las facturas falsas emitidas por Copyur por encargo de 'Unidad' fueron utilizadas por los dirigentes de 'Unidad' para justificar subvenciones ante el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, así como esclarecer si alguno de los imputados es el autor de las notas manuscritas mediante las que se daban instrucciones precisas para la confección de las facturas falsas".
En relación con los hechos imputados a Gómez Lobo y Castaño, el PP señala como clave "acreditar, más allá de toda duda razonable, la autoría de las notas manuscritas donde se daban instrucciones para la confección de las facturas falsas", e indica que, "aunque el fiscal mantiene que su autora es Josefa Prados, discrepamos de ello", motivo por el que solicita al juez la realización de una prueba pericial caligráfica, que "serviría sin duda para asignar la autoría de las notas y revelaría qué persona es la que daba instrucciones, que sólo podrían ser de Gómez Lobo o de su hombre de confianza, Castaño".
Sobre los hechos imputados a los dos responsables de Copyur, el PP asevera que "ninguna duda cabe de que confeccionaron facturas falsas en las que figuraba como cliente 'Unidad' y cuyo fin era servir de manera falsaria como justificación de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla", cuestionando al juez si, a la vista de la documentación aportada, "puede negar que existen indicios racionales de criminalidad contra ambos".
"DESIGUALDAD" DE TRATO
Tras todo ello, se pregunta "por qué se ha investigado" a la ex presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' Ángeles Nevado y a su esposo, Ángel Cervera, "y se niega a investigar a los representantes de Copyur y a Gómez Lobo". "¿Por qué esa desigualdad de trato entre los imputados ante hechos homógeneos?", cuestiona.
Por último, y en cuanto a la ex trabajadora de la organización Susana D.V., considera que "existen indicios razonables de su participación en los hechos investigados", por lo que "dejarla fuera de esta investigación resultaría prematuro hasta tanto en cuanto no se concluyan todas las diligencias".
