La Junta había resuelto impugnar los expedientes y las recusaciones por no ajustarse a derecho y posibles vulneraciones constitucionales
MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los instructores de los expedientes disciplinarios incoados contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), por el contenido de su oposición a la recusación promovida en su contra por su papel en un Tribunal de Selección, han propuesto resolver el caso con suspensiones de empleo y sueldo de nueve meses y medio, nueve meses y cinco meses para cada uno de los tres funcionarios, que han alegado contra los términos de estas propuestas de resolución de sus expedientes disciplinarios.
Un portavoz del colectivo informó a Europa Press de que, en el marco de los mencionados expedientes disciplinarios, incoados supuestamente por las "faltas graves" manifestadas en su oposición a la recusación recibida por su actuación en el Tribunal de Selección de un concurso oposición, los instructores de tales expedientes les han notificado ya sus propuestas de resolución para estos expedientes sancionadores. En concreto, tales propuestas comprenderían suspensiones de empleo y sueldos durante periodos de nueve meses y medio, nueve meses y cinco meses para cada uno de los tres funcionarios involucrados en el asunto.
No obstante, cada uno de ellos ha elevado al Ayuntamiento, gobernado por Manuel Morilla (PP), sus respectivas alegaciones a estas propuestas de resolución, que deben transformarse en resoluciones definitivas una vez se resuelvan estas alegaciones. En ese sentido, cabe recordar que el caso ya se ha traducido en una suspensión de empleo y sueldo de dos meses de duración para cada uno de los tres funcionarios en cuestión.
POSIBLES VULNERACIONES CONSTITUCIONALES
El caso, como se recordará, es motivo de conflicto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pues la Delegación del Gobierno autonómico en la provincia ha decidido impugnar por la vía Contencioso Administrativa los actos del Ayuntamiento contenidos en el requerimiento en el que se reclamaba al Consistorio tanto la anulación de la aceptación de las recusaciones promovidas contra estos tres funcionarios, como los expedientes disciplinarios incoados a tal efecto.
La Administración andaluza cree, así, que el Ayuntamiento "ha vulnerado el artículo 23.2" de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder "en condiciones de igualdad" a las funciones y cargos públicos, pues el funcionario autonómico que participaba en el Tribunal de Selección en cuestión ha corroborado los hechos denunciados por los funcionarios expedientados en cuanto a un supuesto intento de "alteración" del resultado del mencionado concurso oposición.
En ese sentido, el Gobierno andaluz entiende que las recusaciones tramitadas por el Ayuntamiento contra estos tres funcionarios, y finalmente aceptadas por la Alcaldía, "no se ajustan a derecho" y podrían albergar un intento de "apartar del Tribunal de Selección a aquellos vocales que pudieran no transigir con determinadas instrucciones".
