Los socialistas, "sorprendidos" por la "rutina de autos" de la juez Alaya "en víspera de las elecciones, como ya ocurrió en las municipales"
SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE andaluz estudia presentar una demanda civil contra el presidente del PP-A, Javier Arenas, en "protección del honor" del presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, y su antecesor en ambos cargos, Manuel Chaves, por las manifestaciones del dirigente popular en las asegura que existe una "implicación directísima" de ambos mandatarios en el caso de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), tras el último auto dictado por la juez Mercedes Alaya, que afirma que las ayudas fueron autorizadas por Griñán en su etapa como consejero de Economía.
Así lo ha anunciado la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, durante una rueda de prensa en la que se ha mostrado tajante al afirmar que "ni el auto dice eso, ni se autorizaron esas ayudas por parte de Griñán en su etapa como consejero" y en la que también ha criticado que "lo único que pretende Arenas, que está acostumbrado a actuar como un inquisidor, es dar el veredicto con argumentos falsos antes de que la juez termine el procedimiento".
Díaz ha expresado además su "sorpresa" por la "rutina de autos" de la juez Alaya "en víspera de las elecciones, que ya ocurrió en víspera de las municipales y que ahora vuelve a producirse" y ha puesto de manifiesto que el último auto de la magistrada se produce en respuesta a un escrito de la representación legal del PP-A fechado el 21 de junio.
"El escrito fue presentado hace cinco meses y casualmente a días del 20N aparece el auto", ha subrayado la 'número dos' del PSOE-A, que ha destacado que "algunos queremos que se esclarezca la verdad de lo que ha pasado y para eso estamos colaborando con la Justicia, mientras que otros lo único que quieren hacer es daño político a sus adversarios". "Es triste que algunos personajes que llevan intentando ganar elecciones desde 1979 y sólo han cosechado derrota tras derrota estén utilizando la insidia y la calumnia porque no tienen la confianza de los ciudadanos", ha apuntado.
"USO INDEBIDO DE LA LEY"
Junto a ello, Díaz ha criticado que en el último auto de la juez Alaya, en el que reclama las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas, "se ha hecho un uso indebido de la Ley, que no una interpretación indebida, porque cuando la ley es clara no caben interpretaciones, al haberse invocado un artículo inexistente, que nada tiene que ver con la concesión de ayudas".
"Solo interviene Hacienda cuando hablamos de endeudamiento de organismos públicos, que sí tienen que ser autorizados, pero para nada existe ningún artículo que haga referencia a que Hacienda tiene que autorizar ningún tipo de concesión de ayudas por parte de un organismo público", ha indicado la dirigente socialista, que ha censurado la "invocación torticera por parte del PP-A de un artículo indebidamente que lo único que persigue es un fin político que consideramos inaceptable y falso".
En cualquier caso, ha señalado que "los jueces y fiscales han de tener conocimiento de las leyes y de los procedimientos", por lo que ha defendido que "el Juzgado tendría que haber subsanado esa invocación errónea de la normativa al haberse utilizado un artículo que nada tiene que ver con lo que se está investigando". "No hay ningún fundamento jurídico en la petición del PP y por tanto no hay ningún fundamento jurídico que sostenga la petición que ha hecho el Juzgado a la propia Junta", ha recalcado.
ZOIDO Y MATSA
Díaz también ha expresado "sorpresa" por el hecho de que el último auto de la juez "pida información a un partido político, en este caso el PP, en referencia al ERE de la Faja Pirítica, sobre todo porque hay miembros del PP que pueden resultar afectados por la tramitación de dicho ERE", ya que ha recordado que "que un caso que gestionó personalmente" el acutal alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en su etapa como delegado del Gobierno en Andalucía "y él mismo reconoció que había estudiado una a una las prejubilaciones".
Otro motivo de "sorpresa" para los socialistas es que el auto "se refiera a Matsa, porque las ayudas que recibió esa empresa no tienen nada que ver con la partida 31L y además hay que recordar que es un caso que ya está juzgado y cerrado por el Tribunal Supremo tanto por la vía penal como por la vía administrativa, acreditando que no hubo ninguna irregularidad".
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