El Gobierno municipal negaba irregularidades en el último pleno y la denuncia señala casos de personas relacionadas con el PP
TOMARES (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)
Los concejales del PSOE y de IU-CA del Ayuntamiento de Tomares han elevado a los juzgados de Instrucción de Sevilla una denuncia a cuenta de posibles "irregularidades" en la contratación de nueve trabajadores o extrabajadores del Consistorio. Estas contrataciones, según los ediles del PSOE y de IU-CA, habrían prescindido de "los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad" y se habrían realizado en favor de personas relacionadas directa o indirectamente con el PP.
A finales del pasado mes de febrero, como se recordará, el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), celebraba un pleno de carácter extraordinario reclamado en bloque por las fuerzas de oposición para analizar el procedimiento seguido para la contratación de once trabajadores y extrabajadores de esta administración local. En el escrito elevado a la Alcaldía por los concejales del PSOE, IU-CA y el PA, las fuerzas de oposición señalaban los casos de varios extrabajadores del Ayuntamiento y otros tantos empleados aún miembros de la plantilla. Y es que "dada la necesidad de aclarar las circunstancias en que una serie de personas han sido contratadas (...) y confirmar su realización conforme a derecho o no", PSOE, IU-CA y PA pedían este pleno extraordinario ante la posibilidad de un supuesto "fraude" en el caso de que "no se hubiera seguido un procedimiento de selección público y transparente" en estas contrataciones.
EL GOBIERNO LOCAL DESCARTA IRREGULARIDADES
El portavoz del Gobierno municipal de Tomares, Eloy Carmona (PP), esgrimía de su lado tras aquella sesión plenaria que un informe emitido por el secretario interventor del Ayuntamiento acerca de los expedientes relativos a estas contrataciones "pone de manifiesto que todos los expedientes son adecuados al procedimiento legalmente establecido y se ajustan a los principios de mérito y capacidad que marca la legalidad".
Pues bien, después de aquella sesión plenaria, en la que la oposición aseguraba que el mencionado informe del secretario interventor no se pronunciaba como tal sobre la legalidad o no de las contrataciones, los concejales del PSOE y de IU-CA han elevado a los juzgados de instrucción nueve de estas once contrataciones. En la denuncia, recogida por Europa Press, estos ediles avisan de posibles "irregularidades" porque todas estas contrataciones carecen de "los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". "Se utiliza a la agencia de desarrollo local para filtrar y condicionar el acceso de personal al Ayuntamiento, dando apariencia de legalidad a contrataciones que en el fondo no responden a principios de contratación pública".
PERSONAS "VINCULADAS" AL PP
La denuncia, así, expone el caso de una trabajadora "vinculada al PP" y cuyo puesto no figuraría en "la relación de puestos de trabajo (RPT) que anualmente publica el Ayuntamiento", así como el caso de la "hermana" de la alcaldesa popular del Ayuntamiento de Bormujos, Ana Hermoso, miembro "de la ejecutiva provincial del PP en el momento de su contratación", pues "parece que supuestamente se ha creado la oferta de empleo ajustada a su perfil". También figura en la denuncia el caso de un trabajador que habría pertenecido a la ejecutiva local del PP y cuyo puesto tampoco recogería la RPT y el caso de un trabajador fallecido en 2012, que habría figurado en la candidatura del PP a las elecciones municipales de 2007 y cuyo puesto no habría sido "ofertado" públicamente.
En las actas de selección y contratación de estas personas, según la denuncia, "no se contiene ninguna indicación a las valoraciones que pudieran haberse realizado para seleccionar a las personas propuestas ni se explica si se tuvieron en cuenta otros aspirantes a la plaza, ni se expone tampoco las razones que llevan a formular la propuesta de contratación de personas determinadas por razones de urgencia", dice la denuncia sobre estas contrataciones presuntamente realizadas "al margen de la legalidad, vulnerando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".