SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lora del Río que decretaba el sobreseimiento de las diligencias incoadas a cuenta de una denuncia promovida por la Federación Provincial de Ecologistas en Acción por la construcción de 150 viviendas sobre suelos calificados como zona verde y vías pecuarias según el planeamiento urbano del citado municipio sevillano.
El Juzgado mixto número uno de Lora del Río, a través de un auto emitido el pasado 17 de de Marzo de 2010, había resuelto el sobreseimiento de estas diligencias previas incoadas en junio de 2003 ante los citados hechos. La organización ecologista, no obstante, elevó un recurso a la Audiencia provincial alegando que el archivo de las actuaciones "no se atiene a derecho". La Sección Tercera de la Audiencia, a tal efecto, y según este auto recogido por Europa Press, entiende que "el Juzgado de Instrucción no ha expresado la valoración jurídica que le merecen las cuestiones debatidas, ni ha valorado la prueba practicada para dar soporte a su decisión".
"Ello impide, no sólo a la parte recurrente, sino también a este tribunal conocer el motivo por el que se ha dictado un auto de sobreseimiento", señala el auto en relación a la fórmula "de lo actuado, no aparece justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa" utilizada por el Juzgado Mixto número uno en su auto de 17 de marzo para archivar estas diligencias previas. De cualquier manera, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha anulado "radicalmente" esta resolución, devolviendo la causa al juzgado.
El caso parte de un escrito elevado a la Fiscalía por Ecologistas en Acción el 12 de Junio de 2003. Según los ecologistas, sobre terrenos ubicados en el trazado de las vía pecuarias 'Cañada Real del Mármol' y 'vereda al Descansadero de Valero' y sobre suelos calificados como zona verde por el Planeamiento urbanístico vigente en el municipio loreño entre la calle San Vicente y la línea del ferrocarril se habían proyectado desarrollos urbanísticos.
De hecho, atisbaban los ecologistas un posible delito urbanístico, según la definición dada por el artículo 319 y 320, en relación con el artículo 11 del Código Penal, así como en el tipo delictivo general de prevaricación definido en el artículo 404. Durante los sucesivos años desde la apertura de las diligencias previas, el expediente ha estado prácticamente paralizado, hasta que a finales del año 2007 se reactivó, no sin que las "nuevas construcciones" se hayan ejecutado "en su totalidad" según los conservacionistas.
