El PSOE ve "grave" levantar los informes de reparo y vota en contra y el PP esgrime que no son "contrarios" sino "de discrepancia"
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por la popular María Luisa Moya junto a Cambia San Juan, ha aprobado recientemente el nuevo plan de productividades de la Policía Local, con discusión política al levantar el Grupo popular junto con el edil no adscrito escindido del PSOE los informes de reparo de la Intervención y la Secretaría a dicho programa; marco en el que el PSOE avisa de la "gravedad" del gesto al entender que puede "ir en contra de la ley y del control de las cuentas públicas", mientras el PP alega que no se trataba de informes contrarios, sino de "discrepancia".
En concreto, el Ayuntamiento de San Juan celebraba recientemente un pleno extraordinario, para debatir y someter a votación el plan de productividad del personal funcionario de los Servicios Generales y las áreas de Bienestar Social y Colegios Públicos, extremo aprobado con el apoyo del Grupo popular y Cambia San Juan, socios de gobierno, así como de Vox y del concejal no adscrito escindido del PSOE; mientras se abstuvieron los concejales del PSOE y la única edil de Con Andalucía.
A continuación, el pleno abordó una propuesta de levantamiento de los reparos de la Intervención General y la Secretaría del Ayuntamiento al nuevo programa de productividad para la Policía Local, es decir los pagos por los servicios extraordinarios de los agentes.
En ese sentido, la concejala de Recursos Humanos, la popular María del Carmen Cano, mencionaba el "informe de discrepancia" de los habilitados nacionales en el Ayuntamiento, exponiendo que aunque el citado plan para la Policía Local consta de "certificado de aprobación en la mesa de negociación" del Gobierno local con los representantes sindicales de la plantilla; pesan estos reparos al entender estos altos funcionarios nacionales que en el plan de productividades figuran "cuantías que pueden extenderse y ser fijas y periódicas en su devengo" y que además, el documento plantea una finalización con fecha 1 de enero de 2026, superando el actual ejercicio presupuestario.
EL PLAN DE PRODUCTIVIDADES
Al respecto, la edil esgrimía "la casuística" particular de la Policía Local, porque el plan no podría finalizar a fecha 31 de diciembre de 2025 porque los efectivos que realicen el turno correspondiente a las 23,00 horas de esa jornada finalizarán su trabajo ya al día siguiente, el 1 de enero de 2026. También negaba que sean dispuestas "cuantías fijas" como emolumento para los agentes porque los mismos tendrán "la libertad de acogerse" o no a este plan, con lo que los que no lo hagan "no van a cobrar" los pagos que figuran en el documento.
Durante el debate plenario, el edil no adscrito, José Alonso Garrido, señalaba que durante los años de gobierno del PSOE fueron "levantados muchísimos reparos" como este y que "la contundente urgencia" de la situación de la Policía Local justifica el levantamiento del reparo, al tratarse de una medida "beneficiosa".
La edil de Con Andalucía, Blanca Montero, de Podemos, manifestaba de su lado que si bien "el plan es necesario", el citado informe de reparo de los habilitados nacionales avisa de que "no se cumplen los requisitos legales", con lo que pedía insistentemente la "reelaboración" del documento, para volver a elevarlo a pleno.
HABER "INVITADO" A LOS FUNCIONARIOS
Por Vox, Ángel Bordas lamentaba que el Gobierno local no hubiese "invitado" a intervenir en el pleno ni a los habilitados nacionales autores de dicho informe de reparo ni al "asesor externo" responsable de otro informe que apoya la medida y cuyo criterio aseguraba respaldar el propio edil por su condición de abogado.
En el caso de Cambia San Juan, el concejal Carlos Navarrete llamaba a "tomar en serio" el informe, porque se trata de un "duro" pronunciamiento sobre los términos de la operación, con lo que anunciaba que el socio de gobierno del PP se abstendría.
Por el PSOE, el exalcalde Fernando Zamora señalaba cómo el asunto había suscitado que los socios del gobierno local de coalición no mantuviesen su "voto unitario", recitando literalemente algunos párrafos del informe de reparo de los habilitados nacionales, que aluden a la "omisión" de "la valoración de distintos programas, denominaciones o actividades" o a la inclusión de aspectos basados en "meras previsiones o conjeturas"; considerando así estos funcionatrios que el plan "o bien es incompleto o deberá ser objeto de una aprobación posterior".
EL PSOE AVISA DE POSIBLES "RESPONSABILIDADES JURÍDICAS"
El levantamiento del reparo a este plan de productividades, según alertaba el portavoz del Grupo socialista haciendo especial hincapié en el citado informe de los habilitados nacionales, no sólo implica "una responsabilidad política" de quien alza la cortapisa de los funcionarios; sino que además "puede llevar a una responsabilidad jurídica", idea que planteaba por dos veces el edil socialista; siendo aprobado el levantamiento del reparo con el voto a favor del PP y del concejal no adscrito, mientras el PSOE y la concejala de Con Andalucía votaban en contra y Cambia San Juan y Vox se abstenían.
Tras ello, el PSOE ha difundido un comunicado en el que advierte de que con el levantamiento de este reparo de los funcionarios habilitados nacionales, la alcaldesa adopta "una decisión de gran gravedad, ya que ambos tienen la función de velar para que las decisiones del Ayuntamiento se ajusten a la legalidad, tanto desde el punto de vista jurídico como financiero". "Aprobar algo con el informe en contra del secretario y/o del interventor puede suponer ir en contra de la ley y del control de las cuentas públicas", ha señalado la portavoz socialista y secretaria general del PSOE de San Juan, Inmaculada Muñoz.
"Es muy preocupante la deriva caprichosa de la alcaldesa Moya, una deriva que pone en riesgo los intereses municipales, ya que pone en peligro tanto la merecida productividad de nuestros agentes como los intereses públicos de San Juan. Todo por su improvisación y su incapacidad", ha opinado Muñoz, considerando que el PP pone "en peligro tanto la merecida productividad de los agentes" como el interés municipal.
La concejala popular de Recursos Humanos, por su parte, sostiene que "los informes de los habilitados no son informes en contra, sino de discrepancia en dos puntos" sobre la supuesta periodicidad de los pagos y la finalización del programa; esgrimiendo ante ello "un informe jurídico del abogado externo del Ayuntamiento, en el que se argumenta de forma positiva la implantación de este plan", informe este otro que considera "plenamente legal" el programa.
"Los sanjuaneros quieren sentirse seguros y lo que tenemos claro desde el Partido Popular es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, para dar respuesta", defiende la edil de Recursos Humanos.