CORIA DEL RIO (SEVILLA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Tomás Alfaro, portavoz municipal del PA en el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) y portavoz andalucista en la Diputación de Sevilla, manifestó hoy que "se ha manipulado" la información enviada a la Fiscalía sobre las presuntas contrataciones ilegales que realizó mientras fue alcalde del municipio.
En declaraciones a Europa Press, Alfaro precisó que la denuncia estuvo motivada por "29 contratos, frente a los 127 de los que se habla que contenían presuntas irregularidades". Al respecto, recordó que el origen del asunto se remonta a 2002. "La Fiscalía remitió un escrito con una serie de contratos, pero la juez del Juzgado número 1 de Coria lo archivó y cuando el PSOE e IU llegaron a la alcaldía se hicieron nuevos contratos, de los que al final la Fiscalía consideró que había irregularidades en 29 de ellos", comentó.
Así las cosas, sostuvo que "ahí hubo una manipulación de la información enviada, lo que nos parece grave porque ha habido mala intención. De esos contratos, 20 son de personas que llevan mucho tiempo trabajando en el Ayuntamiento, desde antes de yo ser alcalde. Estuvieron en los cuatro años que fue alcalde --1999/2003-- y están hoy". Por tanto, recalcó que "si estaban en fraude de Ley conmigo, lo están también ahora mismo, al menos esos 20", al tiempo que aseveró que "tendrían que haber enviado información sobre los contratos realizados entre 2001 y 2005.
En cualquier caso, Tomás Alfaro, que aseguró que "tienen dos denuncias por parte del Sindicato de la Policía Local de Coria por unos 98 contratos en posible fraude de ley", mostró su confianza en que "esto se acabará archivando, como pasó en su día". Por su parte, María de los Angeles Sánchez, secretaria provincial de Comunicación del PA en Sevilla, matizó que el comité "apoya unánimemente" a Alfaro y dijo que éste es un caso "similar al de Rafael Carmona".
En cuanto al pleno celebrado hoy, fuentes andalucistas indicaron que los miembros del partido se negaron a entrar en el mismo "porque haberse cambiado a horario de mañana y porque, de medios de comunicación, sólo se permite la entrada a la televisión municipal".
PETICION DE DIMISION
En dicho pleno, se aprobó hoy con los votos favorables de PSOE e IU exigir la dimisión de Alfaro, ante la acusación realizada por la Fiscalía acerca de un delito continuado de prevaricación cometido durante su mandato al frente del Consistorio.
El concejal Empleo, Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Coria del Río, Ricardo del Toro, informó a Europa Press de que la moción se elevó a pleno a iniciativa de los grupos municipales de PSOE e IU, que lograron hacer prosperar tal propuesta ante la abstención de los populares y la ausencia del Grupo andalucista.
Ricardo del Toro, --expulsado de la asamblea local de IULV-CA y socio de Gobierno del PSOE--, advirtió de que la acusación realizada por la Fiscalía "hacía necesario un pronunciamiento del pleno" porque los hechos a los que apunta el dictamen del Ministerio Público "denotan un perjuicio para la Hacienda pública" del que sería responsable el propio Alfaro a consecuencia de su gestión al frente del Ayuntamiento en el anterior mandato.
En ese sentido, reiteró que el pleno ha aprobado exigir la dimisión de Alfaro como concejal y que el Consistorio "tome medidas contra una serie de acciones que han perjudicado la Hacienda pública", por lo que señaló que el Gobierno municipales pedirá "las responsabilidades económicas y penales" a las que hubiera lugar.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha encontrado a Tomás Alfaro culpable de un supuesto delito de prevaricación tras realizar contrataciones ilegales de manera continuada mientras fue regidor de Coria, y le ha pedido al Juzgado de Instrucción de dicho municipio que abra juicio oral formal en su contra, solicitando diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.
El caso se remonta a la denuncia presentada en 2002 por el entonces portavoz del Grupo Municipal de IU, Ricardo del Toro, aún en la oposición, en la que se observaban 127 contratos en fraude de ley realizados por Alfaro, según la revisión del informe técnico de las servicios municipales.
El caso llegó a propiciar la propia denuncia pública de tres concejales andalucistas en el anterior gobierno por las irregularidades cometidas en el sistema de contrataciones laborales.
Tras la apreciación de indicios de delito, el Fiscal solicitó la apertura del proceso judicial, llamando a declarar a algunos de los implicados y al propio Alfaro. Los resultados de dicho proceso confirmaron la denuncia presentada por el grupo municipal de IU, pasando Alfaro a ser declarado imputado por dicho caso en 2004, y ahora acusado formalmente por la Fiscalía de cometer prevaricación después de encontrarlo culpable.
