SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, se mostró hoy partidaria de una reforma, por parte del Ministerio de Justicia, del Código Civil en lo que a menores se refiere.
De esta forma, López se alinea con la idea expresada días atrás por la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, en referencia al auto de la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla que obliga a la Junta a pagar 1,4 millones de euros a Carmen F.F., la madre de los menores Iván y Sara, como indemnización sustitutoria por no poder ejercer la tutela efectiva sobre éstos.
En rueda de prensa con motivo de la presentación del 'Plan Renove' de los equipos informáticos judiciales en Andalucía, la consejera de Justicia y Administración Pública manifestó que "está claro que las sentencias judiciales hay que cumplirlas, y en ese sentido la consejera Navarro ya se ha comprometido a pagar en breve", máxime cuando la Fiscalía de Sevilla ya ha anunciado que no recurrirá el auto.
López, así, expuso que "hay situaciones que se producen en la vida cotidiana que deben ser resueltas con agilidad y tener respuesta inmediata, porque si no se perjudica tanto a los interesados como a las instituciones". La titular del ramo, asimismo, manifestó que la Junta "actuó correctamente para preservar los derechos de los menores" y que "no sirve de nada una resolución judicial diez años después, cuando las circunstancias ya se han modificado".
LOS HECHOS
Los hechos se remontan a septiembre de 1996, cuando la Policía realizó una intervención en una vivienda de Sevilla, en la que se halló a Carmen F.F. en estado etílico y a sus dos hijos menores sin ninguna otra persona mayor que se pudiera hacer cargo de ellos, por lo que estos fueron retirados al decretar la Junta de Andalucía la situación de desamparo.
En septiembre del 98, el juez de familia número 7 de Sevilla ratificó dicho desamparo y acordó la entrega de los menores en acogimiento preadoptivo al matrimonio de Dos Hermanas compuesto por Juan Sánchez y Josefa Rivas, sentencia que en su momento fue revocada por la Audiencia Provincial.
El fallo de la Audiencia recogía que la alcoholemia de la mujer era "el único dato negativo para el cuidado y atención de sus hijos", y en este sentido señalaba que desde abril de 1997 mantenía abstinencia absoluta de bebidas alcohólicas, aspecto que fue confirmado por el informe del médico forense.
El tribunal consideraba que el regreso de los menores con su madre "no les causaría perturbación alguna" y entiende que "no se puede penalizar a los menores apartándolos de su madre biológica por lo que no ha sido sino una enfermedad que en su momento le impidió ejercer sus funciones".
