SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los vecinos del entorno del Prado de San Sebastián de Sevilla determinarán en las próximas fechas posibles acciones judiciales concretas, de cualquier índole, que puedan ejercitarse a raíz de la contestación remitida por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla al procedimiento administrativo iniciado por los residentes para solicitar la clausura de la actividad de las cocheras del tranvía Metrocentro, y en el que se especifica que estas estructuras no necesitan licencia.
Según precisó a Europa Press el abogado del bufete RZS Manuel Salinero, que representa los intereses de los vecinos, éstos han presentado escrito ante Medio Ambiente para alegar ante la argumentación ofrecida por el Consistorio, y que se resume en que la empresa municipal de transportes (Tussam), que explota el Metrocentro, "queda excluida del deber de solicitar y obtener las licencias que regula la ordenanza municipal de actividades por ser administración pública".
Este argumento, para Salinero, es "claramente insostenible", pues "precisamente se crea una sociedad mercantil para que no sea propiamente administración", habiéndolo resuelto de esta forma "repetidamente" la jurisprudencia, "incluso para una empresa municipalizada en Sevilla como Lipasam".
A juicio de los afectados, Tussam es "sin más" una sociedad anónima municipal cuyo accionista único es el Ayuntamiento de Sevilla, circunstancia que, según se recoge en el escrito presentado ante Medio Ambiente, "no significa desde luego que la entidad mercantil que explota dicho servicio municipal sea ni administración pública ni tampoco una corporación de derecho público".
Al no acogerse Tussam a los términos de la ordenanza, la representación legal de los residentes afectados considera que la consecuencia debería ser la "inmediata" clausura de la actividad, así como la instrucción y tramitación del correspondiente expediente sancionador, con multas de hasta 6.010 euros por infracción "grave".
La empresa de transportes "se transforma según le conviene", critica el escrito al hilo de la argumentación municipal que expone que Tussam debe considerarse englobada "dentro del concepto amplio de administración pública, sobre todo tras la Ley de Contratos del Sector Público". Esta directiva, se añade, se aplica para satisfacer necesidades de interés general "que no tengan carácter industrial o mercantil", lo que apartaría a Tussam "de modo fulminante" de la definición de organismo de derecho público.
A ello, el letrado añadió que ni el Ayuntamiento ni la Gerencia de Urbanismo han contestado "lo más mínimo" a los otros escritos presentados, "lo cual, además de suponer un incumplimiento flagrante de sus obligaciones de resolver sobre las solicitudes de los ciudadanos, entendemos que revela que nada pueden oponer realmente a esas pretensiones, confirmando que carecen de licencia las cocheras y que es improcedente su funcionamiento y la construcción realizada".
