Valoran la nueva norma pero demandan la puesta en marcha de la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Participación Institucional
SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO-A y UGT-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han valorado el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, aunque piden que se concreten los participantes y los sujetos de la misma y demandan que las obligaciones de estos agentes en materia de transparencia se limiten a la gestión y la utilización de ayudas públicas.
El adjunto a la Secretaría General de CCOO-A, Rafael Aljama, ha valorado en comparecencia en la Comisión de Presidencia dicho proyecto de Ley, aunque reclama "más y mejores mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos".
Para Aljama, esta nueva norma "abre las puertas a una mayor participación e igualmente evita que la transparencia sea una palabra vacía". El sindicato ha destacado "la apuesta por la universalidad en la aplicación de la ley, la naturaleza y función de las organizaciones sindicales y el contenido de la información que las entidades afectadas deberán hacer pública".
Además ha solicitado, urgentemente, la puesta en marcha de los proyectos de la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Participación Institucional.
Para CCOO, que considera que la Ley de Transparencia estatal "se ha quedado corta y es demasiado básica", el proyecto de Ley de Transparencia andaluza es "una ley que no sólo es necesaria como instrumento de control de la gestión pública y como elemento de calidad democrática, sino también como mecanismo de participación directa de la ciudadanía en el control de los asuntos públicos que garantice exigir responsabilidades".
El sindicato, que ve necesaria una "profunda regeneración democrática ante el deterioro inimaginable de la política", aboga por extender esta obligación a "cualquier organismo, entidad, institución, persona física o jurídica que reciba dinero público, bien en forma de ingreso efectivo o por reducción o deducciones fiscales y o a la Seguridad Social, incluso la Iglesia católica y otras confesiones".
CCOO-A apuesta por "leyes que permitan establecer un modelo de participación útil y eficaz para la comunidad autónoma, con la participación real y efectiva tanto de las organizaciones sociales, a título colectivo, como de los ciudadanos a título individual".
Tras resaltar la importancia de los sindicatos y organizaciones empresariales, CCOO considera que "las obligaciones de transparencia no pueden ser limitadoras de sus legítimos derechos de libertad sindical y asociación" y apunta que "la obligación de publicidad activa debe quedar limitada al ámbito de gestión de los recursos públicos y los programas de financiación pública que administran". "Hay que compatibilizar el derecho de libertad, la autonomía sindical y la defensa de los intereses con la obligación de transparencia, sin injerencias", agrega Aljama.
Considera que "las obligaciones de transparencia deben ser proporcionadas y vinculadas a los fondos públicos que se reciban".
CCOO propone asimismo que se arbitren mecanismos para que junto a las subvenciones se publiciten por las administraciones desgravaciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por su parte, la secretaria de Relaciones Institucionales de UGT-A, Carmen Barrera, también reconoció el "profundo déficit" de la confianza hacia el sistema democrático y sus instituciones, por lo que ve necesario "abordar sin demoras un proceso de regeneración democrática".
Barrera en su intervención en el Parlamento ha resaltado la singularidad y relevancia constitucional de los sindicatos, tras lo que considera que existe "un desarrollo incompleto de la regulación de algunas de las tareas que tenemos las organizaciones sindicales", por lo que cree que esta Ley "podría incorporar una disposición adicional que incluyera un mandato para que desarrolle los aspectos de participación institucional dentro de una ley".
Considera que las nuevas tecnologías son "el cauce idóneo" para la transparencia y el buen gobierno y la accesibilidad ciudadana.
La dirigente sindical considera que la Ley estatal de Transparencia "se ha aprobado con poco consenso y llega muy tarde" y agrega que ha provocado que la ley autonómica "se encuentra encorsetada".
Barrera, que cree que la transparencia "debe ser transversal", espera que en el trámite parlamentario se concrete la participación de los agentes sociales y económicos en las diversas comisiones y consejos que se establezcan en la Ley de Transparencia "para que se garantice el diálogo y la búsqueda permanente de la calidad, tanto en transparencia como en calidad de las políticas publicas".
POSICIÓN DE LA CEA
Por su parte, el director de Relaciones con Organizaciones y Empresas de la CEA, Luis Picón, que ha recordado que la Ley de Transparencia "resulta de expresa aplicación a las organizaciones empresariales", considera que la norma andaluza "es coherente con la normativa nacional y con la demanda social de que haya mayor participación, control y democracia".
No obstante, ha lamentado que "a pesar de ser agentes de relevancia constitucional", el Parlamento les ha convocado el pasado 16 de abril, esto es "hace un día laborable", lo que cual "dificulta la capacidad de respuesta" al existir "escaso tiempo de análisis".
Considera que la Ley de Transparencia "es una ley necesaria pero precisa de alguna mejora para que resulte efectiva", tras lo que cree que las leyes "siempre deben ser claras, estables en el tiempo y contribuir a sus fines" y considera que este proyecto de Ley "puede carecer de algunas de estas premisas".
Apunta que esta norma "se va complejizando, por lo que vemos poca claridad", por lo cree que "se debería acometer una reordenación de la Ley, identificando dos tipos de sujetos, públicos y privados, y el distinto nivel de obligaciones en función de ello".
Han recordado que "las obligaciones de los agentes privados solo debe venir determinada por la recepción de subvenciones de carácter público", tras lo que apunta la importancia de las organizaciones empresariales "que cuentan con reconocimiento singular dentro del entramado legislativo". En ese sentido, considera que "las medidas de transparencia no pueden ser limitadoras del derecho de libertad sindical o de asociación".
A su juicio, en el ámbito privado, la obligación de publicidad activa que pesa sobre el sector público "ha de quedar limitada al ámbito de la gestión de recursos públicos y programas de financiación pública que administran". "La ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de las obligaciones de transparencia a sujetos privados debe ser proporcionada a los fondos públicos que pudieran recibir y a su uso, quedando muy bien delimitada la esfera estrictamente privada", ha agregado.
Considera que la Ley de Participación Institucional "sería el instrumento idóneo para vehicular la transparencia y la participación propias de las organizaciones empresariales, delimitando el ámbito público del estrictamente privado", por lo que ve conveniente que la Ley de Transparencia venga acompañada de la Ley de Participación Institucional.
Asimismo, la CEA considera que el cumplimiento de las obligaciones descritas tiene para los agentes sociales "un coste económico que el legislador parece no haber previsto". Así, demanda que "se prevea expresamente que en los contratos del sector público, en las subvenciones y en los conciertos sean incrementados económicamente para que las empresas adjudicatarias, beneficiarias y concertadas hagan frente a estas nuevas obligaciones legales".
Asimismo, no cree necesario la existencia de un Consejo de Transparencia y Protección de Datos, algo que "podría asumir la consejería titular sin generar más administración".
