SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las familias de etnia gitana procedentes del desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, expulsadas posteriormente del Charco de la Pava y de la carretera de la base de helicópteros de El Copero, permanecen aún en la explotación de naranjos ocupada ayer en dicho municipio aljarafeño, donde han recibido la visita de la Policía Local y de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía.
Uno de los principales líderes del colectivo, Ángel, informó a Europa Press de que tras reagruparse ayer estas familias exiliadas del Polígono Sur en una finca poblada de naranjos y ubicada frente al barrio de Guadalajara, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), estas personas de etnia gitana están "bien" y "a la sombra" de los naranjos, si bien han recibido la visita de unos agentes de la Policía Local que les han conminado abandonar esta finca de propiedad privada.
No obstante, y siempre según este portavoz del colectivo, los moradores del antiguo poblado chabolista creado junto a la dehesa de Tablada han solicitado a los agentes "una orden judicial" que determine su expulsión de estos suelos cercanos al solar que hasta el pasado viernes ocuparon junto a la antigua discoteca 'La Recua', hasta donde habían llegado tras los desalojos consumados por las autoridades en el primigenio asentamiento, el Charco de la Pava y la carretera de la base militar de helicópteros de El Copero.
"No nos han dado nada", dijo relatando que los agentes de la Policía Local se marcharon sin que se consumara el desalojo. No obstante, hoy han recibido además la visita de una patrulla de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, cuyos agentes han entregado a los miembros del grupo una notificación en la que se les requiere que aporten "la última documentación" necesaria para "resolver" el procedimiento administrativo al que están sometidas las viviendas que ocupaban en el Polígono Sur.
"No nos vamos si no hay una orden judicial", advirtió este líder del grupo de familias que abandonaron el Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor, víctima de una bala perdida, en un tiroteo entre clanes de etnia gitana.
El alcalde de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso (PSOE), había señalado de su lado en declaraciones a Europa Press que "de ninguna manera" permitiría la creación de un asentamiento chabolista en el término municipal, asegurando ser "flexible" pero reclamando a la Subdelegación del Gobierno apoyo policial para consumar dicho desalojo.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales declararon como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
