SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía ha reclamado un aumento de los equipos psicosociales para poder "luchar" contra la "lacra" que supone la violencia de género, petición que se produce después de que la pasada semana un hombre matara presuntamente a su mujer en la localidad sevillana de Olivares.
En un comunicado de prensa, el sindicato ha criticado "la falta de medios" para la protección de las víctimas de violencia de género, "tanto de recursos humanos como materiales", y ha exigido "una mejora de los aspectos preventivos y asistenciales" no sólo a las víctimas sino también de las personas en riesgo de estarlo para poder erradicar esta "lacra".
El SUP considera "insuficiente y comprometido" el sistema de protección vigente, "donde toda la responsabilidad viene recayendo sobre los policías encargados de las valoraciones de riesgos y su posterior seguimiento, quienes deben someter a las víctimas a un cuestionario de preguntas que afectan directamente a su intimidad y cuyo seguimiento es más propio de los equipos psicosociales al margen de la protección y control debido por la Policía Nacional".
A su juicio, es "urgente y necesario" que se promueva como primera medida de lucha la prevención desde los servicios sociales de las comunidades autónomas, "que en muchas de las ocasiones vienen actuando como última ratio en la concesión de las ayudas legales establecidas una vez se adquiere la condición de víctima, y que entendemos deben reforzarse con el incremento y despliegue por las localidades de equipos psicosociales especializados que vengan a paliar la escasez existente de unidades de valoración integral".
Según el SUP, estos equipos psicosociales "deben incidir sobre la detección temprana de los casos de violencia de género, a fin de prestar un tratamiento personalizado a las mujeres con factores de riesgo, al mismo tiempo que colaboren para determinar el posible riesgo potencial de estas personas que el que puede proporcionar un mero cuestionario".
Por ello, considera "conveniente" que "no sólo se examine a las víctimas, sino que se exijan informe y valoración de riesgo del detenido previo a la puesta en libertad, sin perjuicio de que, con posteridad, puedan ser ampliada la valoración tras la exploración de los hijos, al menos, los mayores de siete años, a fin de complementar con la máxima exhaustividad las valoraciones de riesgos policiales, permitiendo un mayor rigor en la adopción de las medidas de protección que cada víctima exija y su seguimiento".
"Todo pasa por un incremento considerable del gasto público, dado que este grave problema social debe ser combatido en primer lugar con medidas preventivas y después con medidas reactivas", concluye el SUP.
