Archivo - Imágenes de archivo del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo
SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Titulares de Casetas de Feria (Atica) ha planteado la impugnación de la futura Ordenanza de la Feria de Abril del Ayuntamiento de Sevilla al considerar que "no se han tenido en cuenta" sus reivindicaciones.
Según ha indicado la Asociación, esperan que durante la negociación necesaria para la aprobación de la nueva norma en el Pleno, "se atiendan las reivindicaciones de los titulares de casetas y la ciudadanía en general y, esperamos, sean finalmente aprobadas".
"Los titulares de casetas estamos cansados de ser ignorados y de que nuestras reivindicaciones caigan una y otra vez en saco roto. El delegado no deja de dar patadas a un balón que ya está cuarteado", han afirmado.
Asimismo, este miércoles Atica ha mantenido una reunión con Facua, con quien han avanzado a Europa Press, cerrarán una colaboración para "defender los intereses de los usuarios titulares de casetas de la feria".
Entre las reivindicaciones de los caseteros han solicitado participar en la elaboración de la Ordenanza "para que ninguna decisión se tome sin escuchar a los titulares", además de que ha pedido al Ayuntamiento que concrete las condiciones de la ampliación del Real de Los Gordales en la nueva Ordenanza Municipal de la Feria de Abril "antes de adjudicar las nuevas casetas".
Del mismo modo, han reclamado mantener "expresamente la titularidad tradicional" y "regular con claridad" las altas, bajas y sucesiones de cotitulares, además de una sola ordenanza para todo el Real, con un anexo técnico para la ampliación y garantías de conservación de la antigüedad para las casetas que deban ser reubicadas.
Del mismo modo, que se equiparen las condiciones de acceso a la potencia eléctrica de las casetas actuales y las nuevas; proyectos de montaje tipo aprobados por el Ayuntamiento, para facilitar el cumplimiento técnico y evitar costes innecesarios; un protocolo municipal de prevención de riesgos laborales que coordine a las empresas que montan simultáneamente en el recinto; y un régimen sancionador proporcionado que permita subsanar los defectos formales corregibles antes de perder la titularidad, sin equipararlos a incumplimientos graves de seguridad.
