SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) ha resuelto el contrato que mantenía desde febrero de 2011 con la productora Red Radio S.L. para emitir programas de Intereconomía en la radio municipal después de que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) abriera dos quejas por falta de neutralidad en esta emisora y expedientara finalmente al Consistorio tomareño.
Así se recoge en un acta del pleno del Ayuntamiento de Tomares celebrado el pasado 30 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, y en que se pone fin a este contrato tras considerar que del expediente del CAA "no solamente podría derivar responsabilidad pecunaria para nuestro Ayuntamiento sino asimismo la pérdida de la concesión" del propio canal.
Según argumentó el CAA en sendas resoluciones contra la radio municipal tomareña, la emisora municipal carecía de servicios informativos propios y emitía "un magacín matinal que no puede considerarse un informativo ni por su orientación ni por su formato". Por tanto, la función informativa exigible a un prestador de servicio de titularidad pública se suplía en esta radio con la difusión "en directo" del noticiario 'Crónica' y de los programas de opinión y actualidad 'El Gato al Agua' y 'La Espuela' de Intereconomía.
También recordaba el Audiovisual andaluz que, a diferencia de los prestadores de servicio de comunicación audiovisual de titularidad privada (a los que asiste el derecho de fijar una línea editorial ideológica y pueden, legítimamente, dirigirse a un sector de la sociedad coincidente con ella), las radios y televisiones públicas están obligadas por Ley a garantizar la neutralidad y el pluralismo político y social, así como el servicio público local con la emisión de noticias locales mediante la producción de informativos, algo que, en este caso, Radio Tomares no cumplía.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (también secretario general del PP-A), reclamó amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al entender que el CAA estaba cometiendo un "reiterado acoso político" al Consistorio con sus respectivas quejas y aperturas de expedientes.
Por ello, y al entender que la institución actuaba como "un consejo inquisitorial" que intenta promover la "censura", pidió amparo a Chamizo después de solicitar, sin resultado, la disolución del ente audiovisual y la dimisión de su presidenta, Emelina Fernández.
