Trabajadores del SAE envían cartas a la Junta pidiendo que rectifique en los nuevos "recortes" anunciados

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla (UITA y UGT), junto a un trabajadores de la agencia han presentado en el registro del SAE "cientos de cartas" dirigidas al director de Políticas Activas de Empleo de la Junta, José Antonio Amate, en la que muestra su oposición a las declaraciones de éste y le piden que rectifique en cuanto a los recortes anunciados y dirigidos a los trabajadores del SAE procedentes de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Fuentes del comité de empresa han indicado a Europa Press que en las misivas se recuerda los "recortes" que ya se han aplicado a la plantilla de esta Agencia así como la situación en la que se encuentra dicho personal.

Esta protesta se adoptó en la última asamblea celebrada el viernes 11 de abril ante el sentimiento de "malestar e indignación" de los trabajadores del SAE por las declaraciones realizadas por el director general, en las que se ponía de manifiesto que "el personal procedente de la Faffe tenía unas condiciones laborales que había que respetar de la empresa de la que venían y es la que permite un mayor juego a la hora de cumplir con ese plan de viabilidad. El resto de personal laboral, es cierto que ya han sufrido bastante las consecuencias de la crisis, ante las medidas leoninas que se ha visto la Junta de Andalucía obligada a aplicar, como consecuencia de los requisitos de déficit que nos han impuesto de Madrid".

En dicha carta, que ha sido presentada una a una en el registro del SAE como medida de protesta, se da debida cuenta de cada uno de los recortes que se han aplicado para el personal propio de la agencia.

Así, los trabajadores recuerdan que dichos recortes "comenzaron en 2010 con el recorte del cinco por ciento impuesto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero hasta hoy en día con la ampliación durante 2014 de los recortes del Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía".

Además en la carta se le recuerda a José Antonio Amate, ante "el demostrado desconocimiento que tiene de la situación de la plantilla" el hecho de que "el 45 por ciento de los trabajadores gana menos de 1.000 euros y que un 30 por ciento se sitúa en una horquilla salarial de entre 1.000 y 1.200 euros, a pesar de que el 75 por ciento de la plantilla cuenta con titulación universitaria, un importante número con más de ocho años de experiencia en materia de empleo y un número también elevado con formación posgrado".

Por último se le insta a que rectifique sus declaraciones y que aplique al personal que trabaja en el SAE "las propias manifestaciones que realizó cuando era inspector de Trabajo en una entrevista en la Universidad de Almería, cuando dijo que 'es un riesgo muy serio (...) que por culpa de la crisis se precarice de tal forma las condiciones laborales; la reforma laboral del Gobierno dificulta que los trabajadores puedan reclamar sus derechos cuando tienen el riesgo de que si son un poco revoltosos se les pueda echar a la calle'".

Los trabajadores del SAE dejan claro que éste es el inicio de una serie de protestas previstas para las próximas semanas, tal como se acordó en la última asamblea de trabajadores, "si los responsables de la agencia SAE no desisten en su intención de realizar más recortes a este personal, sobre todo si se tiene en cuenta, la necesidad, más que nunca, de un servicio público de empleo fuerte que atienda a 1,5 millones de desempleados que hay en Andalucía".

"Optimizar sus recursos, desarrollar nuevos proyectos y programas, y fortalecer con todos los efectivos necesarios al SAE, son una respuesta a los derechos de los desempleadas a las que se les debe dar un servicio digno, eficiente y de calidad", han agregado las fuentes.

Lamentan que el período de consultas "está en el aire hasta después de las elecciones europeas".

Esta protesta es la primera reacción de la plantilla ante la comunicación que la empresa realizó a los trabajadores el pasado 30 de marzo, informando de su intención de iniciar un período de consultas para emprender medidas de ajuste vía modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica, que afectarían sólo al personal propio de la Agencia, 1.131 en toda Andalucía.

En ese sentido, UITA recuerda que la reducción de efectivos en la Agencia en los últimos dos años "ya ha sido muy significativa y aún continúan produciéndose extinciones de contrato, ocho en el último mes".

A juicio de este sindicato, las medidas pretendidas "no responden a una necesidad real de ajuste económico y en todo caso, la empresa deberá demostrarlo pues, hasta la fecha, los representantes de los trabajadores no han tenido ocasión de conocer el supuesto plan de ajuste, a pesar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones".

Han explicado que "en estos momentos, transcurridos los 22 días legalmente previstos para el desarrollo de las negociaciones para alcanzar un posible acuerdo sobre la aplicación de las medidas, el período de consultas se encuentra en el aire pues no hemos recibido ninguna notificación nueva de parte de la secretaria general, María Luz Fernández, que es quien tiene las competencias".

Agregan que "se ha transmitido desde el PSOE el interés en retrasar los procesos abiertos en diferentes entes instrumentales hasta después de las elecciones europeas", un motivo que no convence a los delegados de personal ya que desde su punto de vista "se utiliza nuevamente a los trabajadores en un juego político que no nos incumbe".

La Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ya anunció que plantearía al personal laboral del SAE procedente de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida, una serie de modificaciones salariales y distintos supuestos de movilidad laboral, con vistas a homogeneizar y "normalizar las condiciones laborales" de estos trabajadores y "dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos de 2014 y a los compromisos impuestos por el Gobierno central en materia de objetivo de déficit".