SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Después de que expirase la fecha límite para la presentación de las ofertas de adquisición de los bienes embargados a la empresa Magrudis, en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada contaminada con dicha bacteria distribuida por la empresa, las diversas partes personadas han trasladado tales ofertas al juzgado en el marco del convenio de realización acordado.
En el caso de Facua Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad, ha recibido cuatro ofertas por bienes embargados a la empresa, algunas por diversos artículos en su conjunto con un precio único y otras por artículos individuales, según precisa Facua, que las ha derivado al juzgado para que el mismo opere en consecuencia.
El destino del citado convenio de realización es liquidar 22 de los bienes muebles embargados a Magrudis y la empresa Elaborados Cárnicos Mario, fundamentalmente maquinaria utilizada para la elaboración de sus productos cárnicos, además de mobiliario diverso. Las cantidades conseguidas por la venta quedarán consignadas para, entre otras cosas, responder por las responsabilidades civiles que puedan resultar impuestas en un futuro.
En febrero de 2020, recordémoslo, el juzgado ordenaba "la medida cautelar de prestación de fianza por importe" de cinco millones de euros a prestar por Magrudis S.L., Sandro José Marín Rodríguez como propietario y administrador único de Magrudis; José Antonio Marín Ponce como administrador de hecho de la entidad; el hijo menor de este último, Mario Marín Rodríguez; su esposa Encarnación Rodríguez Jiménez, su cuñada Isabel María Rodríguez Jiménez y la sociedad Elaborados Cárnicos Mario S.L.
LA FIANZA
Y es que "habiendo sido requeridos los investigados Sandro, José Antonio e Isabel de forma personal y los demás sobre los que se ha impuesto la medida a través de la representación procesal, para la prestación de la misma, consta la notificación de que hasta la fecha de la presente, no han aportado fianza ni designado bienes" para ello.
Por eso, el juzgado ordenaba "el embargo de los bienes de los investigados a fin de asegurar las cantidades requeridas", hasta un total de cinco millones de euros, lo que se traducía en el embargo de "las cantidades que posea en las cuentas corrientes" Magrudis S.L. más cinco vehículos ya intervenidos en el marco de la investigación y los enseres, muebles y maquinaria industrial de su nave; "las cantidades que posea en las cuentas corrientes" José Antonio Marín, lo mismo para Sandro José Marín además de un coche de su propiedad ya intervenido, sus participaciones en la empresa y sus derechos sobre la marca "La Mechá del todo natural", entre otros bienes.
A Elaborados Cárnicos Mario S.L. se le embargaban también las cantidades de sus cuentas y sus enseres y maquinaria, a Encarnación Rodríguez lo mismo y sus derechos sobre un plan de pensiones, a Mario Marín Rodríguez lo mismo y sus derechos sobre la citada empresa Elaborados Cárnicos Mario S.L. y respecto a María Isabel Rodríguez Jiménez, las cantidades de sus cuentas y su titularidad al 50 por ciento de una vivienda de Dos Hermanas.
NO ES POSIBLE EL TRASLADO
En ese contexto, el pasado 26 de febrero se celebraba una comparecencia entre las partes, según el acta recogida por Europa Press, dando el juzgado cuenta de que tras ser examinados los bienes contenidos en las naves de Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, ha pesado un "oficio de la Dirección de Infraestructuras Judiciales y Sistema de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, donde se pone de manifiesto las circunstancias concurrentes en la imposibilidad por parte de la Administración de ofrecer los medios necesarios para el traslado y deposito de los efectos que se embargaron en las naves".
Por ello, el juzgado ha optado por "nombrar depositarios de los bienes, en tanto se acuerde lo procedente sobre el destino anticipado de los mismos, a los propietarios de las naves", que tenían las mismas alquiladas a los encausados, emitiendo una providencia en la que levanta el precinto que pesaba sobre los inmuebles, con la correspondiente "entrega de las llaves que se encuentran depositadas en la sede del juzgado" a los dueños de tales instalaciones.
Además, el juzgado decidía encargar a una empresa de tasaciones "la valoración de los vehículos en su día embargados y que se encuentran intervenidos en el deposito judicial", instando además a las partes a que "presenten ofertas de realización de los bienes embargados" a fin de "aprobar en su caso el convenio de realización", entre otros aspectos.
