SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño (PSOE), afirmó hoy que el Consistorio seguirá recurriendo las "previsibles" sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en función de los recursos formulados y en virtud del fallo inicial, se pronuncien también contra la construcción de la biblioteca central de la Universidad Hispalense en el frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián.
En rueda de prensa, Montaño indicó que no quiere "adelantarse a la actuación de la Justicia", aunque "por coherencia", las restantes sentencias --quedan cuatro por resolverse de las nueve denuncias presentadas-- se determinarán "en el mismo sentido". Ante lo que la posición del Consistorio es seguir reclamando ante el Tribunal Supremo (TS) a través de recursos de casación la "legalidad y oportunidad" de la ubicación y construcción de un servicio público con "interés público indudable".
En este sentido, Montaño alegó que "confiamos en nuestros argumentos de la legalidad absoluta" de la construcción de esa biblioteca en una zona verde consolidad, y por tanto, "presentaremos nuevamente recursos", pues el Gobierno municipal "opina lo mismo que opinaba cuando se produjo la primera sentencia", que anulaba los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 correspondientes a la construcción de esta biblioteca en el frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián.
Asimismo, Montaño dijo que el Consistorio "respeta" la actuación judicial y "acata lo que el poder judicial determina", aunque mantuvo "como dijo el alcalde en su momento", que "si hay algo que tiene interés público, es la Educación". Además, hizo alusión a la ubicación de la biblioteca diciendo que "responde a un diseño como ocurre en las grandes ciudades del mundo" tales como "Nueva York" o "Londres", por lo que "no es ninguna novedad".
Para finalizar, señaló que "confiamos en que el Tribunal Supremo (TS) "tome consideración" al estar contemplada en el Plan General de Ordenación Urbanística, cuyas competencias son "determinar urbanísticamente el uso del suelo".
