SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PA ha recurrido el auto del juzgado de Instrucción número seis que resuelve la incoación de juicio mediante el procedimiento del tribunal con jurado en la causa abierta por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. En concreto, el PA reclama que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), sea imputado de un posible delito de encubrimiento y que también sea imputado, pero por prevaricación, el ex director de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Fuentes Doblado.
Según el recurso elevado al juzgado y recogido por Europa Press, los acuerdos de dicho auto, en el que la juez Mercedes Alaya cree "verosímil" imputar por un presunto delito de cohecho a Mellet, Ponce, al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira, son correctos porque todos ellos habrían incurrido en un supuesto delito de "cohecho".
No obstante, el PA entiende que el delegado provincial de la Consejería de Empleo habría incurrido en posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias al conceder "sin publicidad" la subvención de 900.000 euros otorgada por su departamento a Mercasevilla para la creación de una escuela de hostelería, un proyecto cuya explotación fue ofertada supuestamente por Mellet y Ponce al grupo hostelero La Raza previo pago de comisiones ilegales.
Para el PA, el entonces director de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía es "coautor" de estos hechos, "según lo revelado" por el propio Rivas en su declaración ante la juez Mercedes Alaya, toda vez que Rivas también habría incurrido en un supuesto de tráfico de influencias si hubiera solicitado a Mellet aportaciones "voluntarias" de 300.000 euros en la mencionada operación relativa a la explotación de la escuela de hostelería.
El PA, además, reclama que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), sea imputado por un supuesto delito de encubrimiento. Para ello, esgrime la comparecencia judicial de Juan Gallo, quien defiende que, como director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, recibió en enero de 2009 la grabación que contenía el intento de cobro de comisiones ilegales y en la primera semana de febrero le dio traslado de este material al alcalde, que en un escrito dirigido a la Policía Judicial aseguraba que no fue hasta el 12 de febrero cuando tuvo conocimiento de la existencia de esta grabación.
Así, el recurso de reforma del PA solicita la imputación del alcalde por encubrimiento, nuevas imputaciones por prevaricación y tráfico de influencias para Rivas y una imputación por un supuesto delito de prevaricación para Fuentes Doblado, ampliando además las acusaciones a Mellet con una nueva tipificación; la de tráfico de influencias.