SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Sergio O., el policía del Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental --grupo dedicado a investigar el Mediano Tráfico de sustancias estupefacientes-- que ha sido imputado por su presunta vinculación con una red de narcotraficantes, se encuentra estudiando la posibilidad de interponer una querella criminal contra el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra, y contra la Unidad Central Operativa Territorial (UCOP).
En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que el agente imputado, en libertad con cargos por los presuntos delitos contra la salud pública y apropiación indebida, ha acudido a un bufete de abogados de Madrid especializado en estos casos y se encuentra estudiando la posibilidad de querellarse contra Álvarez Riestra y la UCOT, que fue la que procedió a su detención y al registro de su vivienda, al entender que podrían haber vulnerado los artículos 404 y 417 del Código Penal.
Al hilo de ello, el artículo 417 dispone que "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
Así, el artículo añade que "si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años", mientras que "si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de 12 a 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
PRESUNTA FILTRACIÓN DE DATOS
De este modo, y según las mismas fuentes, el agente entiende que "antes de su detención, ya se habían filtrado a los medios de comunicación diversos datos relativos a la misma, datos que sólo podían proceder de la Jefatura Superior", al tiempo que argumenta que, en el momento de la supuesta filtración, el Juzgado que instruye el caso --Instrucción 11-- "no había judicializado aún el asunto".
Asimismo, las fuentes consultadas por Europa Press informaron de que Sergio O. estudia interponer una querella criminal por supuesta vulneración del artículo 404 del Código Penal, que dice textualmente que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".
En esta línea, las fuentes señalaron que la Jefatura Superior de Policía ha suspendido de empleo y sueldo al referido agente por un tiempo de seis meses debido a la rueda de prensa en la que supuestamente participó la semana pasada. Así, el pasado viernes un inspector habría entregado al agente dos actas de suspensión por su presunta participación en esta convocatoria ante los medios de comunicación y por estar imputado. Sin embargo, el agente defiende que la rueda de prensa "no puede ser motivo" para suspenderle de empleo y sueldo, por lo que se trata de una resolución "injusta a sabiendas".
De igual modo, el agente Sergio O. estudia interponer un recurso administrativo contra la suspensión de empleo y sueldo de seis meses, ya que entiende que "hablar con los periodistas no es causa suficiente" para tomar esta determinación, mientras que, respecto al argumento de la imputación, defiende que "también hay otros agentes imputados --por el robo de droga en Jefatura-- contra los que no se ha tomado la misma determinación".