Señala que la Junta de Andalucía sí financia otros ERE en "las mismas circunstancias", como por ejemplo el de Cespa/FCC
SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un nuevo atestado elevado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Mercedes Alaya, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, señala que "no sería descabellado concluir" que la Junta de Andalucía se desligó de la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense, al saltar en 2009 a la luz pública que la directiva de la compañía había solicitado comisiones ilegales al grupo hostelero La Raza por la adjudicación de una escuela de hostelería subvencionada por la Administración andaluza.
Hablamos de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.
Esta macroinvestigación deriva, por cierto, de las irregularidades descubiertas en el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla. El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue saldado con la prejubilación de 40 empleados, pero sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento en el que además de los trabajadores, fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás había formado parte de la plantilla del mercado central de abastos.
LOS DOCUMENTOS DE GUERRERO
Como hemos señalado sobre la financiación de este ERE, aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El Gobierno andaluz, en ese sentido, ha defendido siempre que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación sobre estas prejubilaciones en cuestión.
A finales de 2012, en ese sentido, un tribunal corroboraba por vez primera la tesis de la Junta de Andalucía. Ante la demanda colectiva promovida por el grueso de los prejubilados del ERE ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas, asumidas eventualmente por Mercasevilla, el Juzgado de lo Social número ocho emitió una sentencia que declaraba a Mercasevilla como la "única responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas", absolviendo de responsabilidades al Ayuntamiento, la sociedad estatal Mercasa, la Junta, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida'.
La sentencia, recogida por Europa Press, considera "irrelevante el compromiso personal" formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer de "todo trámite administrativo". "En ningún caso se asumió un acto o resolución administrativa que vinculase a la Junta frente a los trabajadores afectados por el ERE de 2007", zanja la sentencia.
EL AVISO DE LA UCO
En ese sentido, este nuevo atestado de la Unidad Central Operativa, recogido también por Europa Press, señala los tres mencionados compromisos de pago formalizados por Francisco Javier Guerrero avisando de que, en efecto, "carecen de formalismo y validez alguna". Pero de otro lado, el atestado pone de manifiesto que "después de que Guerrero fuese cesado en su cargo, la Junta de Andalucía ha abonado las primas de otras pólizas de seguro de rentas colectivas en las que se daban las mismas circunstancias", mostrando el ejemplo concreto del ERE de Cespa/FCC, en el que tras el cese de Guerrero, Juan Márquez como nuevo director general de Trabajo y Seguridad Social "se percata" de la ilegalidad de los compromisos de financiación adquiridos por Guerrero, "pero finalmente la Junta de Andalucía acaba asumiendo el compromiso de pago inicial de Guerrero".
"No sería descabellado concluir que la Consejería de Empleo no se habría hecho cargo de los tres compromisos de pago que realizó Guerrero (para el ERE de Mercasevilla de 2007), a diferencia de otros expedientes como el de Cespa/FCC, porque ya se habría hecho público el caso de las comisiones ilegales para la escuela de hostelería" que promovía Mercasevilla, hechos cuya revelación desencadenó la investigación del resto de tramas que arrastraba Mercasevilla y por los que fueron condenados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta Antonio Rivas.
