UGT-A insta a Junta a negociar la reordenación del sector público, en el que rechazará "pérdidas de empleos y servicios"

Manuel Pastrana
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 26 octubre 2012 17:05

Pastrana defiende la "profesionalidad" de los trabajadores de las empresas públicas andaluzas y rechaza calificarlos de "enchufados"


SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha emplazado al Gobierno de la Junta a abrir "en los próximos días", y en el marco del proceso de elaboración de los Presupuestos de la comunidad para el próximo año 2013, un periodo de negociación para establecer "criterios comunes" a la hora de acometer la "reordenación del sector público" andaluz, un proceso en el que rechazará "cualquier medida que implique pérdidas de empleos o privatización de servicios".

Así lo ha anunciado este viernes, en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con trabajadores de empresas públicas andaluzas, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, quien ha subrayado que su sindicato "contraatacará con las movilizaciones que sean necesarias cualquier intento de la Junta que pretenda afectar al empleo de los trabajadores y a la privatización de los servicios que prestan las empresas públicas".

Y es que el líder de UGT-A percibe una "campaña de desprestigio" puesta en marcha "por distintos miembros del Gobierno andaluz" contra "el papel que juegan las empresas públicas de la Junta, los servicios que prestan y sus costes", que, en su opinión, se podría traducir en "reducciones presupuestarias con inmediatas consecuencias sobre el empleo", algo que este sindicato "no va a asumir", como tampoco que el Ejecutivo autonómico adopte decisiones en este terreno "empresa a empresa".

"No vamos a permitir que sean los trabajadores los que paguen con sus empleos la reducción presupuestaria de la Junta para el sector público", ha insistido Pastrana, quien, no obstante, ha reconocido que sí "puede y debe producirse una reducción sustantiva de gastos generales" en esas empresas, donde conviene realizar, a su juicio, "ajustes muy importantes".

Sin embargo, en su opinión, esas medidas deberían pasar por "reducir los equipos directivos" de esas empresas y los salarios de éstos, así como "las retribuciones no salariales con las que se compensa a ese tipo de cargos".

En ese sentido, Pastrana ha reconocido que UGT-A no pretende "exigir que no se modifique nada en las empresas públicas", y defiende que "los trabajadores tendrán que adaptarse permanentemente a los servicios que tengan encomendados y a los cambios" que se puedan impulsar, si bien "ello no significa necesariamente que haya que reducir empleos".

No obstante, el máximo representante de UGT-A ha señalado que su sindicato "teme" que la reducción del sector público sea "una de las condiciones impuestas por el Gobierno central a la Junta para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)", lo que, unido al anuncio de "una reducción muy sensible en las empresas públicas realizado por el propio Gobierno andaluz", le lleva a prever que "algunas sociedades vayan a recurrir a lo fácil, que es eliminar empleos sin más y reducir salarios", precisamente el planteamiento que su sindicato "no quiere que se desarrolle en este proceso".

RECHAZA QUE EL SECTOR ESTÉ "SOBREDIMENSIONADO"

En esta línea, Pastrana ha rechazado que el sector público andaluz se encuentre "sobredimensionado", ya que, en su opinión, "cada empresa tiene una plantilla adaptada a los cometidos que tiene encomendados por parte del Gobierno andaluz", y "es incierto que en algunas empresas públicas haya colectivos de trabajadores que no tengan nada que hacer".

Asimismo, el secretario general de UGT-A ha defendido la "profesionalidad" de los empleados de estas empresas, que "en su inmensa mayoría han entrado en ellas con el sistema legal establecido en cada momento, nada de por la puerta de atrás", por lo que rechaza aplicarles el calificativo de "enchufados".

Por eso, Pastrana ha avanzado que su sindicato "no va a permitir que se estigmatice al conjunto de trabajadores de empresas públicas porque responsables gerenciales o políticos hayan actuado de una manera inaceptable", ni tampoco que la Junta aplique en esas sociedades "medidas de carácter arbitrario".