SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) - El exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera ha admitido "errores" durante su gestión al frente de este departamento entre abril de 2000 y abril de 2004, calificando dicho periodo como "mejorable", si bien ha defendido su "honestidad" y la de su equipo y ha garantizado que todas sus actuaciones han sido conforme a la legalidad establecida y que "nunca" dio instrucciones para que se diera "trato de favor" a ninguna persona o empresa. Así lo ha dicho en su intervención inicial en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre los cursos de formación en el Parlamento andaluz, cuando ha señalado con "absoluta firmeza" que "nunca" pidió ese trato de favor para nadie y que tampoco tuvo conocimiento de que otra persona dependiente de la estructura orgánica de la Consejería lo hiciera. "Jamás le he negado a ningún municipio, por el color político, una ayuda a la que tuviera derecho. Jamás", ha respondido Viera, a preguntas del diputado del PP-A Jaime Raynaud, quien le ha enumerado una lista de los ayuntamientos socialistas a los que concedió subvenciones y también le ha reprochado que la mayor parte de los consistorios estuvieran en la provincia de Sevilla. A este respecto, Viera ha señalado que Sevilla es una provincia "muy grande", que representa más del 20 por ciento de la comunidad y que nunca ha habido por su parte una actitud contraria a los intereses de otras provincias. Así ha destacado, importantes ayudas concedidas a la cuenca minera de Huelva, al centro tecnológico de Almería o a la comarca industrial Linares-La Carolina de Jaén. El diputado 'popular' también ha preguntado al exconsejero si firmó resoluciones de ayudas para sedes compartidas por UGT y el PSOE, donde se impartían cursos de formación. Viera ha negado "tajantemente" haber firmado ninguna ayuda de este tipo, así como también resoluciones de exoneración, otra cuestión que también le había formulado el dirigente 'popular' durante su intervención. El exconsejero, que en su relato inicial ha desgranado la estructura orgánica de la Consejería y las funciones y competencias de sus directivos, ha señalado que a lo largo de estos últimos años "se ha puesto en cuestión capacidad profesional, honestidad personal y el buen hacer" de los directivos y funcionarios del equipo que él dirigió, una labor que ha defendido. Tras señalar que se pudieron cometer "algunos errores" --"lógicos en una dilatada actividad en la gestión de 18 centros directivos"--, ha incidido en que los directivos y funcionarios que de él dependían realizaron "un magnífico trabajo" durante el periodo que fue consejero. "El tiempo y la justicia pondrán en valor las manifestaciones que hoy realizo", ha previsto. Como evaluación del periodo, Viera también ha manifestado que el Área de Empleo de la Consejería invirtió en esa legislatura 1.272 millones de euros en políticas activas de empleo, que beneficiaron a más de 750.000 personas creando más de 92.000 puestos de trabajo, más del 46 por ciento de ellos correspondieron a jóvenes y el 39 por ciento, a mujeres. Otro de los asuntos por el que se han interesado la mayoría portavoces de los grupos parlamentarios, ha sido sobre el funcionamiento y la gestión de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), creada durante el periodo en el que Viera estuvo al frente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Viera ha manifestado que la labor de este organismo ha sido "muy positiva" y que ha contado con recursos humanos "muy cualificados, con una gran formación y experiencia". Ha rehusado dar su opinión sobre su extinción y ha considerado que si se pusiera la lupa en cada una de sus actuaciones "en la inmensa mayoría de los números" se podría ver que ha sido una herramienta "eficaz", aunque también "mejorable". Durante su intervención, el exconsjero ha defendido que siempre ha actuado conforme a lo establecido en la ley y que todos los procedimientos establecidos tenían su soporte de legalidad, no habiendo recibido nunca un informe de la Cámara de Cuentas o de otra instancia fiscalizadora que le advirtiera de "irregularidades, ni leves ni graves". Si bien, ha reconocido que pasados 12 años desde que dejó el cargo, sí se puede ver que hay cuestiones "revisables" y que se podría haber mejorado el procedimiento. En este punto, ha destacado que el actual Gobierno andaluz va a poner de nuevo en marcha las ayudas a la formación y que el cuerpo normativo que nazca ahora, "si lo comparamos con el de hace 12 años, pues comprobaremos que hay diferencias sustanciales y mayores garantías". Así, ha dicho que le concede a este gobierno actual "la voluntad absoluta de mejorar los procedimientos, la transparencia, la objetividad y la eficacia". "Han pasado 12 años y podemos ver los errores y los aciertos que se han cometido", ha apuntado Viera, quien, no obstante, ha invitado a los grupos a que si la respuesta que el Gobierno andaluz ofrece con este nuevo decreto sobre la formación "no es lo suficientemente garantista", lo mejoren durante el trámite parlamentario. También ha dicho esperar que la nueva norma dote de mayores recursos humanos para evitar "cuellos de botella". El representante de Podemos en la comisión, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha preguntado al exconsejero por qué se optó por el procedimiento de subvenciones y no de contratos públicos con las empresas. A este respecto, Viera ha explicado que la dirección general de Formación Ocupacional entendería en su momento que era "la fórmula más adecuada". "Me lo hacen llegar a mí y yo firmo que estoy de acuerdo", ha añadido. Sobre si optar por una u otra solución fue una decisión técnica o política, el exconsejero ha relatado que cuando se plantea un debate de este tipo en el sendo del órgano directivo competente, en la mayor parte de los casos "hay más base técnica que política". También ha señalado que el Consejo de Gobierno no participa en este tipo de decisiones, correspondientes "al día a día" de las consejerías. A preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet sobre una orden que firmó el exconsejero en el año 2000 sobre las subvenciones a la formación, y que, en su opinión, podría haber dado origen a los "cazasubvenciones", por los mecanismos de exceptuación que se incluían en la misma, Viera ha respondido que los legisladores "han buscado y buscan siempre la mayor eficacia desde la legalidad y una estructura garantista", añadiendo que "jamás" ha firmado una orden que no tenga el soporte legal correspondiente. La diputada de IULV-CA Elena Cortés se ha interesado, entre otras cuestiones, por el beneficio que obtienen los empresarios que reciben subvenciones para la formación profesionales, toda vez que el empresario que compareció ante esta comisión aseguró que obtuvo un beneficio del 20 por ciento. Sobre este asunto, Viera ha dicho que cualquier empresario cuando pone en marcha su actividad es para "obtener recursos", pero que él nunca mantuvo reuniones con los empresarios para negociar porcentajes de ganancia. La comparecencia ha concluido con un rifirrafe entre la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy y el diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, después de que la socialista agradeciera al compareciente su colaboración y afeara que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, no acudiera este lunes a la comisión y que su grupo no tenga el informe del Consejo de Estado en el que la ministra se ha "escudado". Ruiz-Sillero le ha pedido que pida el informe a los miembros de su partido que lo votaron favorablemente, entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno Teresa Fernández de la Vega.
