SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha advertido este lunes de que la aplicación del superávit cosechado en 2012 por dicha institución podría "perder todo el gas", si prospera en las Cortes Generales una enmienda de adición del PP que reduciría a 14 los supuestos a los que destinar tales fondos. Dado el caso, Villalobos ha enviado una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reclamando que su departamento "abra los supuestos" para que no medien "exclusiones" en la aplicación del superávit.
En su última sesión de 2013, recordémoslo, el pleno de la Diputación provincial revocó, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, el acuerdo plenario previo que, merced a la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012.
El nuevo acuerdo, en paralelo, implica una adhesión a la disposición recientemente incorporada a la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que estipula "reglas especiales" para el gasto del superávit presupuestario, al objeto de destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros, extremo que debe ser consumado durante 2014.
Pues bien, el presidente de la Diputación y el diputado de Hacienda, Manuel González Lora, han celebrado este lunes una rueda de prensa para advertir de que el Grupo popular del Congreso de los Diputados promueve una enmienda de adición a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para ceñir la calificación de "inversión financieramente sostenible" a 14 supuestos concretos del total de 89 supuestos que recoge la orden que regula la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
LA ENMIENDA DEL PP
La enmienda de adición del PP, recogida por Europa Press, propone una serie de "requisitos" para que una inversión sea considerada como "financieramente sostenible", como por ejemplo que tenga "una vida útil" nunca inferior a cinco años, que "genere un aumento de ingresos en ejercicios futuros" o que se ajuste "exclusivamente" a 14 supuestos concretos de la orden que regula la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Los supuestos en cuestión aluden al saneamiento y abastecimiento de agua, la recogida y el tratamiento de residuos, el alumbrado público o la ordenación y promoción turística, por citar algunos.
En ese sentido, Rodríguez Villalobos avisa de que la aplicación del superávit de 2012 podría "perder todo el gas" si prospera en las Cortes Generales esta enmienda de adición, pues los supuestos en cuestión no incluyen específicamente aspectos como las "políticas sociales", toda vez que uno de los "requisitos" propuestos por el PP canaliza a través del capítulo seis de las administraciones locales los gastos de estas inversiones, con lo que los servicios o actuaciones serían contratados "por concurso" y no por "administración directa". Tal extremo, así, impediría que prevaleciesen el tejido empresarial local y la mano de obra autóctona a la hora de las contrataciones.
Dado el caso, Rodríguez Villalobos ha enviado una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reclamando que su departamento "abra los supuestos" relativos a las inversiones financieramente sostenibles. Y es que la Diputación propone aplicar los mencionados 39,3 millones de euros mediante las "fórmulas" de los planes provinciales, con lo que un municipio de menos de 5.000 habitantes recibiría entre 210.000 y 280.000 euros, uno de entre 5.000 y 10.000 habitantes recibiría de 280.000 a 300.000 euros, uno de entre 10.000 y 20.000 habitantes de 350.000 a 500.000 euros, uno de entre 20.000 y 50.000 euros de 500.000 a 800.000 euros, uno de entre 50.000 y 75.000 habitantes entre 800.000 euros y un millón, y finalmente los municipios de más de 100.000 habitantes recibirían 1,5 millones de euros.
HAY UN "PLAN B"
"Ya nos hemos comido un año con esto. El Gobierno debe abrir los supuestos de inversión sin exclusiones", ha enfatizado Rodríguez Villalobos, quien manifiesta que, no obstante, la Diputación cuenta con un "plan B" para el caso de que finalmente prospere la enmienda de adición del PP.
