Vox reclama la "inmediata suspensión" de la Zona de Bajas Emisiones de Sevilla y anular más de 20.000 sanciones

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla reclamará en la comisión de fiscalización y control del viernes la derogación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "su inmediata suspensión" y la anulación de las más de 20.000 sanciones impuestas desde su entrada en vigor en julio de 2024.

En su exposición de motivos, Vox explica que las ZBE son "resultado directo de un marco ideológico impuesto desde Bruselas por el bipartidismo" y que en España se aplica "contra los intereses de los españoles", señala la formación en una nota de prensa.

La Unión Europea, "bajo el pretexto de la lucha contra la contaminación", ha convertido sus políticas climáticas en un "instrumento de control que impone uniformidad normativa e invade competencias nacionales y locales, imponiendo desde hace años un modelo único y rígido".

Esgrime Vox que en algunos países, como Francia, "han empezado a dar marcha atrás, cuestionando abiertamente las imposiciones del fanatismo climático y replanteando una legislación que castiga a las familias y destruye la libertad de movimiento".

"En España, el gobierno de Pedro Sánchez trasladó fielmente esas exigencias europeas al ordenamiento jurídico, sin matices". La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, "aprobada por el Gobierno socialista con la abstención del PP, transformó esa orientación europea en una obligación legal y sancionable para todos los municipios de más de 50.000 habitantes".

Para Vox, las ZBE encarecen la vida cotidiana de las familias, dificultan el acceso al trabajo, al colegio o a los servicios sanitarios y "castigan de forma desproporcionada a los autónomos y pequeños transportistas que dependen del vehículo privado. La renovación forzosa del parque móvil se ha convertido en un impuesto encubierto, que recae precisamente, sobre quienes menos recursos tienen".

"Miles de vecinos reciben multas automáticas por circular con vehículos que hasta hace poco podían hacerlo sin problema. Se castiga así a familias trabajadoras, jubilados y pequeños autónomos que no pueden renovar su coche o furgoneta, mientras se beneficia a quien puede permitirse un vehículo nuevo con etiqueta 'verde'", lamentan desde Vox.