MÁLAGA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Representantes de los municipios de la Costa del Sol acordaron hoy elaborar un texto en defensa de la actividad de los chiringuitos de la provincia, con la intención de llevarlo a los diferentes plenos y al Parlamento andaluz, en el que se insistirá "en la necesidad de salvar estas instalaciones", según aseguró el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien indicó que "hay base legal en la Ley de Costas".
"El artículo 32 así lo permite, que puedan estar ubicados en el espacio de dominio público de la propia playa por su propia actividad y que sólo cuando hubiera situaciones imposibles se buscaría alternativas", aseguró De la Torre, que convocó para esta mañana una reunión para abordar esta problemática, a la que asistieron los alcaldes de Nerja, Fuengirola, Torrox, Algarrobo, y Marbella, y el concejal de playas del Rincón de la Victoria.
El regidor apuntó que también se planteará la necesidad "de buscar fórmulas para que la aplicación en cuanto a distancia tenga una cierta flexibilidad", precisando que "no para que haya más, sino que dentro del plan de playas de cada municipio se pueda ver el promedio del espacio". "Verlo con una visión de conjunto, que se pueda compensar", apostilló.
Por último, De la Torre indicó que los municipios se ofrecen "como entidades de colaboración para esa aplicación inteligente con respeto a la Ley, pero buscando esa convergencia de los intereses generales que supone el texto legal y también la suma de los intereses particulares de estos empresarios".
Para el regidor malagueño, este encuentro se debe ver como "un deseo de colaboración de los ayuntamientos con la administración de Costas para buscar una solución a una problemática que debía tenerla ya hace años".
Por su parte, el representante de los empresarios de playas de Málaga, Miguel Arrabal, explicó, según dijeron desde el Ayuntamiento en un comunicado, que lo que el sector solicita al Ministerio de Medio Ambiente es la declaración de los establecimientos de playa o chiringuitos como actividades necesarias de atención y servicio para quienes disfrutan de las playas y del litoral, y, en consecuencia, su autorización de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo 32.
Según los datos aportados por el sector, los chiringuitos son más de 300 establecimientos de ocio y hostelería en la provincia con una incidencia en el empleo estable cercano a los 7.500 puestos de trabajo, además de generar un empleo temporal de otros 7.000 puestos durante el periodo turístico.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, se preguntó por qué el Ministerio no empieza a adoptar medidas que supongan una reposición permanente de las playas y explicó que la administración central "considera que la línea de playa cada vez tiene menor anchura en cuanto a arena y por lo tanto tienen que ubicarse fuera los chiringuitos".
"En vez de tener que traer camiones de arena un día sí y otro también para tener una anchura de playa razonable, vamos a adoptar medidas que de manera permanente vayan estabilizando la situación de las playas", indicó Muñoz, quien solicitó un estudio "que avale si tienen que ser arrecifes o espigones, es decir, que dirima qué debe existir dentro de esa estabilización de las playas para que podamos ampliar la anchura".
De esta forma, según la regidora, se conseguiría "una regeneración total de la arena y no tendríamos que estar discerniendo si los chiringuitos podrían estar dentro, ya que habría espacio suficiente para todos". "No se puede cambiar algo que es una cultura, cuando la ley que quieren aplicar data del año 89, no se trata de una nueva normativa", apuntó.
Además, garantizó que este verano y el resto de épocas estivales habrá establecimientos de este tipo en las playas marbellíes. En este punto, dijo que por el momento el Consistorio alcanzó un acuerdo con Demarcación de Costas para "articular algunos mecanismos que nos van a permitir mantener los chiringuitos en la playa durante este verano, acometiendo algunas reubicaciones, pero manteniéndonos en la arena".
La regidora marbellí abogó por aplicar "el sentido común, oír a todas las partes afectadas y crear una comisión tal y como plantea la Junta de Andalucía, para alcanzar una solución que sea beneficiosa para todos". Por tanto, pidió al Gobierno que "no sea tan estricto" y exigió un compromiso firme por parte de esta Administración que proporcione "tranquilidad, para que no tengan que abrir expedientes sancionadores en contra de nuestros chiringuitos".
